Más de 15.000 olivareros procedentes de las principales regiones productoras, han secundado la convocatoria de COAG, y se han manifestado en defensa del sector del olivar, contra la especulación y por unos precios justos para todos, que garanticen tanto el acceso de los consumidores a un alimento básico como la supervivencia de un sector productivo fundamental para la economía andaluza, del que dependen directamente más de 300 municipios andaluces, que cuenta con 200.000 agricultores y que genera 14 millones de jornales. Poco después de las 11:00 de la mañana, comenzó en la Plaza Jaén por la paz la gran marcha por las calles de la capital jiennense hasta su conclusión en la Plaza de las Batallas.
Lo que está pasando en el olivar no responde a un problema estructural ni de mercado, puesto que el consumo a nivel mundial está por encima de la producción”, ha declarado Miguel López. “ El desplome de los precios a los productores responde a las maniobras especulativas de unos pocos grupos industriales que tratan de ganar mercado, aumentando su margen de beneficios a costa de los productores, que no tienen más remedio que vender el aceite por debajo de la rentabilidad porque necesitan dinero para hacer frente a los gastos, como la mano de obra”, ha añadido.
En ese sentido, desde COAG llevamos varios meses reclamando la actualización y activación del almacenamiento privado, un mecanismo recogido en la OCM (reglamento 1234/2007) que regula la posibilidad de retirar producto del mercado cuando se producen “graves perturbaciones”, como está ocurriendo en este momento. De ese modo, los productores no se verían obligados a malvender el aceite, ya que recibirían una compensación a cambio de mantener el producto almacenado por un tiempo previamente establecido. Lo que ocurre es que para que dicho mecanismo pueda aplicarse, el aceite tiene que situarse por debajo de un precio de referencia que se fijó hace más de una década, con lo cual no responde ni a la subida del IPC ni, sobre todo, al tremendo incremento que han experimentado los costes de producción.
Por eso, esta organización agraria pide que ese precio de referencia se actualice a las circunstancias actuales, para que el mecanismo sea realmente operativo. En ese sentido, es importante destacar que la Consejería de Agricultura ya ha asumido esta petición de COAG y la ha trasladado al Ministerio. Ahora, es necesario que la ministra Elena Espinosa se comprometa y haga suya ante las instituciones comunitaria esta demanda del sector, para conseguir que Bruselas acceda a activar el almacenamiento privado lo antes posible.
Con los precios actuales (los olivareros reciben 1,80 €/kg. frente a los 2,57 €/kg que se pagaban hace un año), la inmensa mayoría de las explotaciones olivareras no son rentables y el futuro del olivar andaluz tal y como lo entendemos actualmente está amenazado. Sólo en esta campaña, las pérdidas pueden superar los 700 millones de euros.
Esta organización agraria quiere destacar además que la entrada en vigor del almacenamiento privado no supondría un perjuicio para los consumidores, ya que esta medida también permite regular las excesivas subidas de precio al consumidor, y en caso necesario permite que vuelva al mercado el producto previamente almacenado.
COAG recuerda que la situación que atraviesa el olivar no responde a un problema estructural, sino a las prácticas especulativas y oligopólicas por parte de unas pocas empresas que controlan el sector y, en consecuencia, los precios. No estamos ante un problema de mercado, ya que el consumo, tanto nacional como internacional, se mantiene estable, con tendencia al alza, y por encima de la producción. Por eso, no se entiende que los precios permanezcan tan bajos, sobre todo con unas previsiones de campaña que, según la Agencia del Aceite de Oliva, rondará el millón de toneladas, un 15% menos que el año pasado y la segunda más baja de los últimos seis años. La única explicación a la situación actual es la acción en el mercado de tres grandes empresas que dominan el 60 % de la venta final y que intervienen forzando a los productores a la venta de aceite por debajo de los márgenes de rentabilidad. En ese sentido, COAG considera que las administraciones deben intervenir para garantizar el interés general, evitando el abuso que, desde su posición de dominio, ejercen estas grandes entidades.
COAG