Nota de Greenpeace Con esta actuación se permitió seguir operando a la Plataforma responsable de este nuevo vertido. Greenpeace lleva denunciando la ilegalidad de esta plataforma desde 1999.
Los propietarios de la plataforma, las empresas Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A., ONEPM ESPAÑA, S.A., LOCS OIL COMPANY OF SPAIN, S.A., CIEPSA y CNWL OIL (ESPAÑA), S.A., fueron denunciados por carecer de la concesión para la instalación de la plataforma fija de explotación.
Además, la idea de estas empresas era hundir en el mar la plataforma, situada a 22 millas de la costa náutica, una vez terminada su vida útil. La anterior Dirección General de Costas informó a los titulares de la ilegalidad de dicha actuación, pero la sanción fue archivada y los propietarios siguen sin comprometerse a desmantelarla en tierra para evitar la contaminación marina.
‘Desde Greenpeace reclamamos una sanción ejemplar para Repsol. El Ministerio de Medio Ambiente no puede seguir archivando expedientes y poner en peligro nuestras costas’, ha declarado Juan López de Uralde, Director Ejecutivo de Greenpeace España.
La Plataforma Casablanca queda dentro del marco de actuación de la Convención de Barcelona para la protección del Mediterráneo. España forma parte de esta convención, pero todavía no ha ratificado el Protocolo para la Protección del Mar Mediterráneo contra la contaminación resultante de la exploración y explotación en la plataforma continental, el fondo marino y su subsuelo. La negativa de España a ratificar este protocolo supone dos agujeros legales: no prohíbe ni desaconseja el hundimiento de plataformas petrolíferas en el mar, y los costes del desmantelamiento corren a cargo del Gobierno, no de las empresas concesionarias.
‘España sigue sin preocuparse por la contaminación ocasionada por los vertidos de hidrocarburos. Permite que las empresas operen sin los permisos necesarios y no ratifica los tratados para acabar con este tipo de contaminación’, ha declarado María José Caballero, responsable de la Campaña de Costas.
Los permisos para realizar prospecciones son cada vez más numerosos. A las cinco plataformas existentes repartidas por Cantábrico, Atlántico y Mediterráneo, que suponen una superficie de explotación de 150.000 hectáreas, hay que añadir 26 nuevos permisos de explotación otorgados por el Gobierno en los tres últimos años.
Greenpeace