En el ámbito internacional, asistimos al denominado proceso de globalización y liberalización del comercio y la economía. Este fenómeno no afectará por igual a la Agricultura que a la industria y a los servicios, ya que los países desarrollados querrán mantener a toda costa la actividad agraria en su territorio porque un cierto grado de autosuficiencia alimentaria es imprescindible para reafirmar la independencia nacional. Además, es obvio que la Agricultura tiene una importancia social y política mayor que la que económicamente le correspondería y ello debido básicamente a las funciones de ordenación y ocupación del territorio, conservación del medio ambiente y del paisaje o incluso el arraigo y cultura rural de la población urbana.
Desde la perspectiva mundial, interesa también señalar la absoluta necesidad de aplicar la mejora tecnológica a la producción de alimentos para atender al suministro de una población creciente en el marco del más estricto respecto al medio ambiente y a la sujeción a criterios de calidad y sanidad alimentaria.
En el marco comunitario, el referente más inmediato que define la actual Agricultura europea es la denominada Agenda 2000. Sin abandonar los objetivos clásicos de incremento de la productividad y mejora de la competitividad, la Agenda 2000 otorga un mayor protagonismo a los conceptos de calidad y seguridad alimentarias, introduce la posibilidad de que los Estados miembros apliquen optativamente la modulación de las ayudas directas y, por último, condiciona su concesión a la contribución de los agricultores en la preservación de una agricultura sostenible.
No obstante, la Agenda 2000 no ha resuelto los problemas de la agricultura europea que sigue caracterizada por una falta de cohesión, que abre grandes diferencias entre los Estados miembros en la comparación con los activos agrarios y con la superficie agraria útil (el «bassin parisien» recibe una ayuda de 440 Eu/Ha con unos rendimientos de trigo constantes en el entorno a los 10.000 Kg/Ha, mientras que, en España, existe casi un millón de Ha entre las dos mesetas donde la ayuda no llega a los 100 Eu/Ha y con unos rendimientos que se sitúan en una horquilla entre 1000 y 2000 Kg/Ha). Además, las incertidumbres que condicionaron la aprobación de la Agenda 2000 siguen estando presentes en el momento actual.
A esta problemática, hay que unir la extensión a varios países de la UE de la Encefalopatía Espongiforme Bovina que se ha puesto dramáticamente de actualidad y que, sin duda, va a suponer una nueva forma de hacer agricultura. La necesidad de reforma de la PAC es ahora segura y va a suponer cambios conceptuales muy importantes.
Sobre las incertidumbres que siguen estando presentes destaca, en primer lugar, la ampliación de la UE a los PECO que avanza a un ritmo razonable. España defiende la concesión a estos países de ayudas directas desde el primer momento, si bien con períodos transitorios relativamente amplios y, asimismo, defiende la aplicación de la política de cohesión a estos países.
En segundo lugar se encuentra el marco presupuestario de la UE. Con la propuesta del sector vacuno presentada por la Comisión en el último Consejo de Agricultura, quedan prácticamente agotados los últimos márgenes financieros para el FEOGA-Garantía. España teme los riesgos de una renacionalización de la PAC, más o menos encubierta. Para evitarlo, defenderá explorar la posibilidad de arbitrar recursos de otras vías o, si fuese necesario, revisar los compromisos financieros de Berlín.
La tercera incertidumbre es la Organización Mundial del Comercio que sigue su proceso, de momento a ritmo lento, iniciado a principios del año 2000, pero que se acelerará una vez que se consolide la nueva Administración de EEUU y a partir de la reunión prevista en la sesión extraordinaria del Comité de la OMC des este mes de marzo y, en su caso, de la Conferencia Ministerial de Qatar del próximo mes de noviembre.
Por último, en lo que se refiere al marco comunitario hay que añadir la nueva situación de equilibrios que se está dando en el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE. La Ministra Ky el Ministro Pecoraro pertenecen a partidos políticos Verdes. Junto a ellos, países como Suecia, Holanda y Dinamarca defienden posiciones liberales, en el sentido de reducir la protección de la PAC.
Sobre los mitos y realidades de la Agricultura Española, hay que señalar varios aspectos. En primer lugar la existencia de varias agriculturas determinada por las diversidades climatológicas y edáficas, las variaciones en los rendimientos, las diferentes situaciones estructurales y la diversidad de producciones.
Junto a esto hay que entrar a definir los conceptos de eficacia y competitividad de nuestra agricultura. Tanto en los productos en los que claramente somos competitivos como aceite de oliva, vino o frutas y hortalizas, como en otros en los que no está tan clara nuestra referencia a la competitividad, el problema hoy en día está más en las variedades y calidades específicas demandadas por mercados selectivos cada vez más exigentes en los que los sectores agrarios y la industria agroalimentaria están encontrando posibilidades de producción y comercialización en condiciones competitivas.
En todo este proceso de valoración de la eficacia productiva, un elemento clave es la capacidad de formación de los agricultores. España está caracterizada por el envejecimiento de la población activa agraria (el 59% de los agricultores tiene más de 55 años y el 16% tiene menos de 35) y por un alto grado de subempleo. El empleo asalariado eventual sobre el total es del 15%, cuando la media europea es del 9% y la mayoría de los países está por debajo del 5%.
El diseño de la identidad de la Agricultura española viene también determinado por la distribución competencial entre Administración central y Comunidades Autónomas. El Tribunal Constitucional ha dejado claro que , en el diseño de las políticas agrarias, tanto el Estado como las Comunidades Autónomas tienen un espacio propio. Igualmente, ha abierto el camino para que, en la medida que sea conveniente, tener una Política Agraria Nacional, ésta sea algo más que la suma de 17 políticas regionales y que éstas, a su vez, no tienen ni deben limitarse a una mera gestión territorializada de la política nacional. Se trata de encontrar «tareas comunes» derivadas de objetivos de desarrollo agrario y rural compartidos por dos ámbitos de gobierno que no tienen vinculación jerárquica entre sí, pero que concurren en sus competencias.
Existe, por tanto, un espacio para la política nacional. La ordenación de la agricultura, la definición de la vocación productiva de las diferentes regiones y los correspondientes modelos de producción, son elementos básicos para esta formulación de una política agraria nacional.
El Plan Nacional de Regadíos constituye un instrumento de ordenación para lograr un uso más eficiente de los recursos hídricos y aumentar la competitividad de las producciones. Junto a esto, el sistema nacional de seguros agrarios, el establecimiento de sistemas rigurosos de sanidad vegetal y animal, el desarrollo de un potente sistema de I+D agrario y los Programas de Desarrollo Rural constituyen asimismo, instrumentos de ordenación de la política agraria nacional (el gasto total previsto para los programas de desarrollo rural en el período 2000-2006 es de 2,35 billones de pesetas, de los que 1,5 proceden del FEOGA y el resto de las administraciones nacionales).
Todos estos aspectos, algunos de los cuales van a ser plasmados, en disposiciones con rango de Ley, van a ser contemplados en un Libro Blanco de la Agricultura, con el que se pretende el gran reto de ser capaces de recoger en un documento global las particularidades empresariales, productivas y territoriales de la agricultura española y de buscar las mejores aportaciones de todos los sectores agrarios, administraciones y partidos políticos para conseguir que nuestra agricultura sea competitiva, funcional y sostenible desde el triple enfoque medioambiental, social y económico.
GABINETE DE PRENSA