El Secretario General de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Fernando Moraleda ha participado en Valladolid, en la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad Cooperativa General Agropecuaria ACOR, donde resaltó la importancia del cooperativismo en la vertebración económica y social del sector agrario y su modernización, destacando la contribución de algunos cultivos, como es el caso de la remolacha, al tejido económico y social de muchas zonas rurales españolas.
Seguidamente Moraleda, se refirió a la contribución histórica del cultivo de la remolacha, para mantener estables unas poblaciones asentadas en zonas rurales con rentas bajas y con escasa dotación de infraestructuras y servicios, para pasar a analizar la reforma de la OCM del azúcar, sobre las líneas directrices suscitadas por la Comisión, que se centran básicamente en una rebaja de precios y en el establecimiento de cuotas, dos aspectos que la Comisión considera fundamentales para adaptarse a los compromisos de la Organización Mundial de Comercio y a la reforma de la política agrícola común.
El Secretario General afirmó que el objetivo primordial es conseguir que se mantenga la producción de remolacha en todas las regiones de España, para lo cual es necesario que los precios desciendan moderadamente, que las compensaciones sean completas y que las cuotas se ajusten lo más posible al consumo. Debido a la contribución del cultivo de la remolacha al tejido económico y social de muchas zonas rurales europeas, España no puede asumir otra alternativa que no asegure unos efectos favorables a la cohesión, imputándose el posible ajuste sobre los responsables de la generación de excedentes.
En relación con el calendario, El Secretario General añadió que la posición española es que la entrada en vigor del Reglamento debería situarse al principio de la campaña 2006/ 2007 y su vigencia debería prolongarse, al menos, hasta el año 2013, un periodo de tiempo esencial para que el sector pueda realizar las adaptaciones necesarias hasta alcanzar los niveles adecuados de competitividad.
Por lo que se refiere al ajuste de cuotas (de 2,8 millones de toneladas), debería realizarse sobre los Estados miembros productores que han generado excedentes, manteniendo, en todo caso, el actual sistema establecido por el Consejo en la OCM vigente. Asimismo, debería equipararse la cuota de producción con el consumo interno en cada Estado miembro, como se indica en la Comunicación para toda la Unión Europea. En cuanto a las cuotas, el gobierno español piensa que, en ningún caso, deberían agruparse las cuotas «B» con las cuotas «A», entre otras cosas porque la consideración que ambas han tenido desde su origen es totalmente distinta.
Históricamente, la cuota «B» se corresponde con la producción excedentaria en todos los países de la Unión Europea (justamente la que genera problemas en los mercados internacionales). No conviene olvidar que la financiación actual de régimen, para la eliminación de excedentes, se carga a la cuota «B».
Por último Moraleda realizó una llamada a la unidad sobre el posicionamiento del sector, de las comunidades autónomas y del gobierno de la nación, ante una cuestión de Estado en la que se ventilan importantes intereses económicos, sociales y territoriales y donde ya se ha logrado un acuerdo con diez países para trasladar a la nueva responsable de Agricultura de la Comisión Europea, la necesidad de recoger los planteamientos analizados anteriormente, ante una propuesta firme de la Comisión sobre la reforma de la OCM del azúcar.
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