En la clausura de la Jornada sobre las estrategias de lucha contra la despoblación en Castilla y León, que se han celebrado en Zamora, el Secretario General de Agricultura y Alimentación, Fernando Moraleda, ha definido la despoblación como uno de los problemas mas acuciantes para el futuro del medio rural, indicando que las políticas transversales de infraestructuras, de comunicaciones o de sanidad, deben formar parte de las políticas de solidaridad urgentes para lograr la ocupación del territorio, factor calve en la vertebración de la sociedad rural.
Dentro de esta vertebración, el Secretario General ha resaltado el papel de la explotación familiar agraria, asegurando que sigue siendo un elemento clave del desarrollo agrario y un tejido fundamental para encarar los retos que propone el modelo europeo de desarrollo sostenible.
Por esta razón ha insistido en la necesidad de introducir medidas que permitan un aumento en el tamaño de las explotaciones, dinamizando el mercado de la tierra y facilitando la incorporación de los jóvenes, de forma que se evite la diáspora de los recursos humanos en busca de oportunidades ajenas al medio rural.
En su intervención Fernando Moraleda ha recordado la problemática especial de las zonas de montaña, de las zonas sometidas a dificultades especiales, y de las zonas desfavorecidas por riesgo de despoblamiento, donde junto al problema que plantea la regresión de la población agraria se une la necesidad de conservar el espacio natural.
Tras recordar que según las Directivas comunitarias se considera una densidad débil de población la que resulta inferior a 37,5 habitantes por kilómetro cuadrado, o una regresión anual de al menos el 0por ciento, ha señalado que en España están clasificadas como zonas desfavorecidas un total de 5.988 municipios, con una superficie total de explotaciones de 33millones de hectáreas, de las cuales 15,6 millones corresponden a zonas desfavorecidas por despoblamiento en un total de 2.870 municipios.
De estos totales destaca la situación de Castilla y León, donde se han clasificado como zonas desfavorecidas un total de 2.164 municipios, de los que 1.428 lo son por despoblamiento.
Frente a esa realidad el Secretario General ha querido también recordar las partidas económicas destinadas a compensar esas situaciones, anunciando que anualmente, como media, se conceden Indemnizaciones Compensatorias a un total de 105.000 explotaciones en toda España, con un gasto medio de 90 millones de euros, ascendiendo a 63.000 las explotaciones auxiliadas por despoblamiento.
La Comunidad Autónoma de Castilla y León, ha puntualizado el Secretario General, dispone en 2005, a efectos de Indemnización Compensatoria, de 15 millones de euros procedentes del FEOGA, 2,5 millones procedentes deL MAPA, y otros 2,5 millones procedentes de la Junta. Estas indemnizaciones corresponden entre el 70 y el 75 por ciento a explotaciones subvencionadas por despoblamiento, mientras que el 25 por ciento restante lo es en concepto de alta montaña.
Cara al futuro, Moraleda ha calificado como urgente la necesidad de que los municipios donde se desarrolla la actividad agraria puedan dar un salto cualitativo en su nivel de desarrollo, mediante un pacto de Estado que permita la puesta en marcha de una política rural propia coordinada con las Comunidades Autónomas y las administraciones locales, añadiendo que la viabilidad de la agricultura familiar, el desarrollo rural y la competitividad del sector agroalimentario, son tres los ejes que permitirán resolver los problema del presente y afrontar con suficientes garantías los retos del futuro.
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