Se estima que en España existe medio millón de pozos ilegales y que, con el agua extraída ilegalmente, se riega cerca de una sexta parte del regadío español. WWF/Adena denuncia, en una acción reivindicativa en Murcia, que la gran mayoría de estos regadíos ilegales se beneficia de subvenciones agrarias públicas y solicita al Ministerio de Agricultura y a las Comunidades Autónomas que no concedan ayudas, ni directas ni indirectas, a cultivos regados ilegalmente.
El sector agrario recibe cada año una gran variedad de subvenciones, siendo España el segundo país receptor de fondos agrarios de la Unión Europea, con una media de 6.600 millones de euros anuales. Estas ayudas pueden ser de carácter directo, como las percibidas por olivareros, arroceros o algodoneros, o indirectas, como las que permiten la retirada de frutas u hortalizas del mercado, la destilación de crisis de los excedentes de viñedo y la modernización de infraestructuras agrarias.
El cobro de subvenciones ha representado durante años un incentivo para obtener de manera ilícita agua para regar, pues permitía incrementar el volumen de la producción y así cobrar más. En la actualidad, miles de agricultores siguen percibiendo ayudas agrarias a pesar de hacer un uso ilegal del agua. Del medio millón de pozos ilegales que hay en España, WWF/Adena destaca estos datos: La Mancha (22.000 pozos ilegales), Guadalquivir (10.000 pozos ilegales) y Segura (100.000 hectáreas ilegales en regadío).
WWF/Adena critica que se pueda recibir una ayuda pública al tiempo que se infringe la ley. Para evitarlo, en 2005 la UE puso en marcha la llamada ‘condicionalidad’, que vincula el cobro de las subvenciones directas de la Política Agraria Común (PAC) al cumplimiento de la normativa ambiental europea y de las buenas prácticas por parte del agricultor. En España, la ‘condicionalidad’ incluye una penalización en las subvenciones si el agua se extrae ilegalmente, pero sólo cuando se realiza en acuíferos declarados como sobreexplotados.
De una consulta oficial de WWF/Adena a todas las Comunidades Autónomas, esta organización tiene constancia de que «sólo se ha detectado en un expediente la falta de licencia para el riego», en Andalucía, lo que supondría que en 2005 un único agricultor en toda España habría sufrido una reducción de la subvención agraria por extraer agua de forma ilegal. “Es inaceptable que la Administración siga dando ayudas a quienes sacan agua ilegalmente. Esto significa estar subvencionando con fondos públicos la sobreexplotación de acuíferos y la utilización ilícita de un bien público”, critica Guido Schmidt, responsable de aguas continentales de WWF/Adena.
WWF/Adena exige al Ministerio de Agricultura y a las Comunidades Autónomas cambiar de forma urgente el pago de las subvenciones en tres aspectos: aplicar el principio de condicionalidad a todas las aguas superficiales y subterráneas en España, excluir a los regantes ilegales del cobro de cualquier ayuda agraria directa e indirecta e incrementar las inspecciones (fijadas actualmente en el 1% de los receptores de las ayudas directas)
WWF