En 2006, el Ministerio de Medio Ambiente, junto con los gobiernos de Aragón, Galicia, Cantabria, Cataluña y Andalucía, acordó permitir la utilización de celdas de mercurio hasta 2020 para las empresas afincadas en su territorio, pese a que la Directiva Europea 96/61/CE exigía la eliminación de esta obsoleta y contaminante tecnología antes del 30 de octubre de 2007.
Las fábricas de cloro-álcali, que consumen un 30% del mercurio utilizado por la industria, son, junto con las plantas de energía que utilizan carbón y las incineradoras de basura, la principal fuente de contaminación de los océanos por este metal pesado.
Los altos niveles de contaminación que se están encontrando en diversas especies marinas han llevado a diferentes gobiernos a realizar avisos sanitarios en los que se alerta del peligro del consumo de peces con elevados índices de mercurio, como es el caso del pez espada o los tiburones.
La utilización de celdas de mercurio para la producción de cloro es un método anticuado y muy contaminante que tiene alternativas en el mercado. De hecho, la mayoría de las industrias ya han abandonado esta tecnología por sistemas menos contaminantes, como la de membranas.
La legislación de la Unión Europea obligaba a todos los países miembros a la eliminación de contaminantes en las fábricas de cloro-álcali, promoviendo la utilización de las Mejores Técnicas Disponibles (MTD), indicando específicamente que el uso del mercurio no podría ser incluido bajo esta denominación. Además, el Convenio de OSPAR, para la conservación del Atlántico Nordeste –del que España es parte contratante-, también ha acordado la eliminación de esta práctica.
A pesar de ello, y vulnerando la Directiva europea, el Gobierno español y distintos gobiernos autonómicos alcanzaron acuerdos voluntarios con la industria química para prolongar el periodo de eliminación de esta tecnología.
Hoy en día, todavía son 8 las empresas de cloro-álcali que han suscrito estos acuerdos para seguir utilizando células de mercurio en España, siendo en Cataluña y Aragón donde se concentran la mayoría (con 3 y 2 instalaciones respectivamente). El resto de comunidades, Galicia, Cantabria y Andalucía, tienen una fábrica de estas características cada una.
“Cada año que pasa sin eliminarse el mercurio de la producción química son decenas de toneladas más de mercurio las que acaban en el medio ambiente. Allí permanece este peligroso metal pesado durante décadas, contaminando nuestros recursos marinos, envenenando a las personas y debilitando los ecosistemas”, ha declarado Xavier Pastor, Director Ejecutivo de Oceana en Europa.
Oceana también ha recibido con satisfacción que el eurodiputado David Hammerstein se haya hecho eco de esta flagrante vulneración de la legislación europea y haya llevado el caso hasta la Comisión Europea.
OCEANA