La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa, manifestó ayer miércoles en el Senado que ante la futura reforma de la OCM del azúcar planteada en una Comunicación de la Comisión europea, España considera que no es aceptable tal reforma en los términos propuestos y que desde el momento en que se tuvo conocimiento de su contenido se planteó la necesidad de configurar una alternativa con el mayor consenso, con el fin de lograr el mantenimiento de la producción en nuestro país.
En la Comisión General de las Comunidades Autónomas, Elena Espinosa aseguró que no es asumible ir hacia una reforma que no parta de los principios de solidaridad y cohesión territorial y que, por otro lado, permita el mantenimiento de las rentas de los productores.
La Ministra ha reiterado que no se debe perder de vista que estamos hablando de una Comunicación y no de una Propuesta y que en este punto es necesario que el Gobierno, las Comunidades Autónomas y el sector hagan un análisis riguroso de la situación que se plantearía si los contenidos de la futura reforma salieran adelante, que se fije una posición común y que se elabore una estrategia que permita avanzar en la defensa de nuestros intereses como Estado. Elena Espinosa ha asegurado que, por encima de cualquier otro interés, todos los representantes políticos deben aunar posiciones que permitan partir de una situación de defensa común del sector del azúcar.
Después de recordar los términos de la Comunicación de la Comisión, Elena Espinosa ha asegurado que España considera que es prematuro abordar la reforma de la OCM del azúcar, dado que el régimen actual concluye el 30 de junio de 2006. La propia Comisión, ha recordado la Ministra, ya ha reconocido que es probable que la reforma no se aplique en los plazos que tenía previstos inicialmente por cuanto habrá que esperar los dictámenes definitivos del panel contra la normativa comunitaria de la Organización Mundial del Comercio. A la propuesta para atrasar la reforma se ha sumado ya una mayoría de países de la UE, como quedó de manifiesto en un grupo de trabajo reunido en Bruselas el pasado 22 de septiembre.
La Ministra de Agricultura ha señalado que la Comunicación de la Comisión afecta a dos aspectos fundamentales de la reglamentación, que no considera el conjunto de la producción de remolacha de la Unión Europea. Por un lado, según Elena Espinosa, se propone un reparto desequilibrado del esfuerzo que tienen que hacer los Estados miembros productores de azúcar, cargándolo especialmente sobre las regiones más desfavorecidas. Por otro, no se garantiza el mantenimiento del cultivo para una parte importante de la producción y se reducen las rentas futuras del resto de productores y del tejido económico de las zonas productoras. España, ha asegurado la Ministra, defiende que los posibles cambios tienen que pasar, inexcusablemente, por tener efectos favorables para la cohesión y que se debe cargar el posible ajuste sobre los responsables de la generación de excedentes.
En su intervención, Espinosa ha destacado que los aspectos básicos que está defendiendo el gobierno se refieren a las cuotas por Estado miembro y al nivel de los precios que debe tener el azúcar y la remolacha después de la reforma. Respecto a las cuotas la Ministra ha asegurado que debería mantenerse el actual sistema establecido en la actual OCM, que implica cargar el ajuste sobre las zonas de producción que provocan los excedentes. También ha señalado que no deberían agruparse las cuotas B con las cuotas A y no debería autorizarse la posibilidad de transferir cuotas entre Estados miembros. Respecto al mantenimiento de las rentas de los agricultores la Ministra de Agricultura ha señalado que la Comisión solo propone compensar la reducción de precios parcialmente (en el 60%) mediante ayudas y que se pretende un mayor nivel de compensación. Por otra parte ha incidido en que la ayuda que se conceda a los productores debería mantenerse acoplada con el fin de que el productor mantenga el cultivo y no se desarticule el tejido económico y social de las zonas productoras.
Elena Espinosa ha recordado también las reuniones con los representantes del sector y las Comunidades Autónomas afectadas, en las que desde el primer momento se constató una posición unánime sobre el rechazo al contenido de la Comunicación. En todo el proceso, ha resaltado la Ministra, se ha mantenido una fluida comunicación con las instituciones y el sector para informarles de los nuevos hechos que iban surgiendo y de las acciones que se iban desarrollando desde el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación.
Además de haberse constituido un grupo de trabajo conjunto, que se reúne de forma periódica, Espinosa ha destacado la propuesta de integración de la Junta de Castilla y León, por ser la Comunidad más afectada, en la delegación española durante las reuniones del Consejo de Ministros de la UE. Esta participación se ha concretado ya en la participación de representantes de la Junta, junto a los del MAPA, en los Grupos de Trabajo del Consejo y en el Comité Especial de Agricultura. También se prevé que el Consejero de Agricultura de Castilla y León acompañe a la Ministra a la próxima reunión del consejo de 22 de noviembre, en que se abordará un debate en profundidad sobre la futura reforma.
Respecto a las actuaciones en el ámbito comunitario, Elena Espinosa ha recordado que se está promoviendo una alianza con todos aquellos países que tienen una posición próxima a la española tales como Italia, Grecia, Portugal, Irlanda y Finlandia. Otros países apoyan algunos elementos de la posición española, en particular casi todos los nuevos Estados Miembros, y un tercer grupo (Alemania, Bélgica, Austria y Luxemburgo) se han sumado a las delegaciones que consideran excesiva la reducción de precios.
En esta línea, la Ministra ha anunciado que se está impulsando una iniciativa conjunta de once Estados Miembros para manifestar a la Comisión y a la Presidencia los ejes básicos de una posición común en lo que se refiere a la reducción de precios, a la reducción de cuota y al control de las importaciones procedentes de terceros países.
Elena Espinosa ha indicado que se trata de que, a través de la negociación, se logre una propuesta más equilibrada y acorde con las necesidades del sector en Europa y en España y que se necesitará en el futuro de una dura negociación, pero que en este momento es deber de los poderes públicos continuar en la línea de análisis y mantener una posición común.
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