Artículo de José María Fresneda, Secretario General de Asaja de Castilla-La Mancha
Entre el 60 y el 80 por ciento de los 30.000 funcionarios comunitarios han secundado recientemente una huelga en defensa de su sistema de pensiones. La Unión ha propuesto un recorte presupuestario para este generoso sistema que pagamos todos los europeos con el objetivo de contratar a 5.000 nuevos funcionarios que permitan una mayor gestión de la administración comunitaria.
Al mundo agrario no le sorprende este tipo de decisiones, ya que las sufre con frecuencia: en 1992, la reforma MacSharry; en 1999, la Agenda 2000; en julio de 2002, las primeras propuestas de “reforma intermedia”; en octubre de 2002 (Cumbre de Bruselas), las decisiones financieras que afectarán a las ayudas directas hasta el 2013; en enero de 2003 las nuevas propuestas de “reforma” (“ya no se llama “revisión intermedia”) y en junio de 2003, la reforma en sí.
Cada una de estas reformas han supuesto un menoscabo de la renta y de la seguridad de los agricultores europeos, y cada una de ellas ha ido acompañada por brillantes explicaciones de las instituciones europeas que han magnificado las ventajas de cada uno de los cambios, prometiendo un futuro mejor y una capacidad empresarial para el sector agrario. Los resultados están a la vista: la población activa en agricultura ha descendido un 30 por ciento y la renta agraria no alcanza la mitad de la renta en el sector industrial o servicios.
Es lógico que cualquier sector, ya sea el funcionarial o el agrario, se queje ante posibles pérdidas de renta y, por tanto, las explicaciones sobre la necesidad de mayor competitividad, mayor calidad o la adaptación a las nuevas exigencias de la sociedad deberían valer tanto para justificar una reducción del apoyo al cultivo de los herbáceos, por ejemplo, como la reducción de la enorme protección de la función pública europea. Todo ello sin olvidar que, aproximadamente, el 46 por ciento del presupuesto comunitario repercute en unos 7 millones de agricultores mientras que alrededor del 9 por ciento del mismo va dirigido a 30.000 funcionarios. Sin comentarios.
Parece ser que a los funcionarios europeos, a los que la organización agraria que represento siempre ha apoyado y lo seguirá haciendo, no les gusta su propia medicina y en el caso de la agricultura, han caído en el error de menospreciarla, sin considerar que ha sido la única política verdaderamente común, y la base de la construcción europea.
Sin embargo, lo que para algunos resulta tan obvio no lo es para otros. Hace unos días se daba a conocer el informe elaborado por un grupo de expertos a instancias del presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, que sugiere desmantelar la PAC y los fondos regionales.
No tiene ningún sentido plantear ahora un desmantelamiento de la política agraria común para generar una renacionalización de la misma y que cada país aplique una política diferente. ¿De que sirven el mercado único? ¿qué política de referencia va a existir? ¿es ésta la construcción europea que se quiere?
Suenan tambores de guerra para un sector que necesita de la política estructural y de cohesión para afrontar con éxito no sólo las presiones liberalizadoras sino las perspectivas de ampliación de la Unión Europea a nuevos países de menor crecimiento. La solidaridad europea que no caridad europea, como ha dicho el comisario de Política Regional, es necesaria para reducir las diferencias de desarrollo existente en la actualidad.
No sirve de nada plantear estas teorías a menos de dos meses de que se reanuden las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) cuyo objetivo final radica en la desaparición progresiva de toda forma de ayuda y protecciones que impliquen distorsiones del comercio, y menos cuando el principal país que promueve la liberalización comercial, como es Estado Unidos, sigue apoyando a sus agricultores. “Lo que es bueno para el agricultor norteamericano es bueno para la economía americana, dijo el presidente de los EE.UU., George Bush al firmar la nueva Ley Agraria.
Sería un atrevimiento predecir las conclusiones de la nueva ronda de negociaciones; pero sí se puede afirmar que los ciudadanos europeos se presentan en inferioridad de condiciones porque así lo han decidido quienes tienes potestad decisoria.
Mucho me temo que si estas teorías “anticohesión”no se frenan con firmeza asistiremos, a nuestro pesar, a la defunción de la PAC. Actualmente estamos recogiendo los frutos de un debilitamiento de los cimientos porque, conviene recordar, que lejos de apostar por una consolidación de la política agraria común a través de reducir las diferencias de rendimientos entre las distintas regiones, la reciente reforma, aprobada en junio, incluye como principios latentes la pérdida de cohesión y la renacionalización.
De hecho, la reforma acrecienta las diferencias de desarrollo entre los países comunitarios y entre las regiones de un mismo Estado miembro y acentúa las desigualdades de aquellos que residen en zonas desfavorecidas a pesar de que son igualmente ciudadanos europeos y, por tanto, contribuyentes del mismo modo a las arcas comunitarias. Además, la reforma no incluye medidas específicas que terminen con los desequilibrios territoriales y tampoco ofrece garantías plenas de estabilidad presupuestaria a partir de 2013.
Por el bien de la Unión Europea y de sus futuros miembros, miremos hacia atrás antes de lanzarnos a una carrera de despropósitos.
Artículo de opinión de José María Fresneda, Secretario General de Asaja de Castilla-La Mancha
Asaja CLM