Artículo de opinión de José María Fresneda, Secretario General de Asaja de C-LM
Incertidumbre y malestar son los sentimientos que en estos momentos se ciernen sobre nuestro campo y, muy especialmente, sobre el futuro de las miles de familias que se dedican a la agricultura y ganadería en nuestra región. Gentes que observan atónitos cómo desde Bruselas, a miles de kilómetros de sus explotaciones, y sobre todo sin tener en cuenta sus intereses, está debatiéndose una propuesta de Reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC) que, de aplicarse tal como ha sido planteada por el comisario de Agricultura, Franz Fischler, les obligará a abandonar la profesión a la que se han dedicado toda su vida y, lo más importante, que hoy por hoy supone su medio de vida.
Son conscientes que no les depara un futuro alentador de ser así, que si finalmente se aprueba esta Reforma se verán obligados a aceptar, pese a su voluntad, que se les recorten las ayudas que perciben en estos momentos, simple y llanamente, por pérdida de renta, y que se les concedan ayudas por no producir, esto es, por abandonar sus tierras. Principales medidas que recoge la Reforma de la PAC propuesta y que suponen ir contra corriente. Ilógicamente, minar en vez de fomentar la actividad de los profesionales de la agricultura y ganadería que tienen como principal cometido proporcionar a la sociedad alimentos sanos y de calidad. Y sobre todo, que conllevarán para Castilla-La Mancha, que sería la región más afectada de la Unión Europea, gravísimas consecuencias, implacables no sólo con nuestro sector agrario y ganadero sino con el tejido socioeconómico de la región en general.
De no evitarse esta Reforma, asistiremos, a nuestro pesar, al abandono generalizado de nuestras tierras, al despoblamiento del medio rural, a un descenso acusado del empleo agrario, a una drástica reducción del tejido socioeconómico, a enormes pérdidas para las empresas de servicios y venta de medios de producción y, sobre todo, al fin de una actividad: la actividad agraria, básica para miles de familias castellano-manchegas y que concede a nuestra región una idiosincrasia muy particular.
Sin duda, este horizonte no es el que los agricultores deseamos. Y así, desde la Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) se lo hemos hecho saber a Fischler en numerosas ocasiones por activa, a través de numerosas y multitudinarias manifestaciones, y por pasiva, a través de estudios e informes sobre el devastador impacto socioeconómico que conllevaría esta Reforma de la PAC. Desde el mismo momento que el comisario de Agricultura hacía pública su propuesta, el pasado mes de julio, esta Organización Agraria fue la primera que mostró públicamente su más rotundo rechazo y se propuso firmemente no vacilar en su lucha para que finalmente esta Reforma no salga adelante, por entender que es injusta, incoherente y desproporcionada. Y así lo está haciendo. ASAJA sigue, en estos momentos, firme en el pulso que está manteniendo para evitar que se haga realidad este futuro tan devastador.
Al respecto, Fischler no debe mantenerse impasible. Debe atender y, cuanto menos, escuchar las reivindicaciones que, desde un planteamiento exclusivamente profesional, esta Organización Agraria le ha trasladado en pro de un futuro digno para el campo y para las miles de familias que se dedican a la actividad agraria. Debe ser consciente que sería un auténtico atentado para el sistema productivo de la Unión Europea y para la sociedad europea, en general, que se aprobase una Reforma de la PAC basada en medidas que desincentiven la producción y que supongan una reducción de las ayudas. Y por tanto, actuar en consecuencia.
Hasta el momento no ha sido así. Más bien, ha optado por una vía demasiado fácil: hacer oídos sordos de todo esto, incluso de la voluntad de los ciudadanos europeos que, en la última encuesta de opinión Eurobarómetro sobre lo que piensan respecto a esta Reforma, expresaron mayoritariamente que los principios de la futura Política Agraria Común debían ser, entre otros: garantizar a los agricultores unos ingresos estables y apropiados, proteger las pequeñas y medianas explotaciones, favorecer y mejorar las condiciones de vida en las zonas rurales, defender los intereses de los agricultores en sus relaciones con intermediarios y distribuidores, reducir las diferencias de desarrollo entre regiones, proteger la especificidad de los productos agrícolas europeos y mejorar la competitividad de la agricultura europea en los mercados mundiales.
En definitiva, objetivos que distan bastante de los que entrañaría la Reforma de la PAC propuesta si se llevara finalmente a la práctica y que son, justamente, por los que ASAJA ha venido apostando y defendiendo desde que en la Agenda 2000 se contemplara una futura Revisión de la Política Agraria Comunitaria para el año 2003. Esta Organización Agraria entendía que, llegado el momento, se presentaba una oportunidad histórica, que no había que dejar escapar, para que los desequilibrios existentes en Europa se diluyesen a través de la corrección de las diferencias de rendimientos entre las distintas regiones. Sería el momento de consolidar una Política Agraria Comunitaria que apostara firmemente por la profesionalización de la actividad agraria, incentivando la producción y a través de una política de ayudas adecuada para hacer frente a los elevados costes que conlleva ésta, proporcionando a los agricultores una renta digna; así como, que se caracterizara por la puesta en marcha de medidas que apostaran por fortalecer la agricultura europea frente al mercado mundial, cada vez más globalizado; que tuviera siempre como horizonte, producir alimentos de calidad y respetar el medio ambiente y que contribuyera a mantener la vida en nuestros pueblos, mejorando la calidad de vida de sus gentes.
Llegado el momento, el comisario de Agricultura no lo ha considerado así. Ha planteado, primero, una Reforma y no una Revisión de la Política Agraria Comunitaria como estaba previsto. Segundo, se ha decantado por establecer como pilares básicos de la futura Política Agraria Comunitaria principios bien opuestos: la modulación y el desacoplamiento. Esto es, ha decidido conscientemente actuar sin tener en cuenta la voluntad no sólo de miles de agricultores comunitarios sino de más del setenta por cien de los ciudadanos europeos. Lo que supone una actitud irresponsable e incompetente, que debería llevarle a abandonar el puesto que actualmente ocupa como comisario de Agricultura.
Asaja C-LM