Las organizaciones ambientales opinan que, para evitar la tentación de que el agua sea utilizada de forma partidista o se impulsen costosas infraestructuras en los momentos de crisis, se debería respetar escrupulosamente la unidad de gestión de la cuenca hidrográfica y así cumplir esta directiva.
La eficiencia económica y sostenibilidad ambiental del uso del agua, junto con el cálculo y respeto a los caudales ecológicos, deberían establecerse como criterios básicos para consolidar los usos del agua o asignar nuevos recursos.
El trasvase del río Segre al Llobregat está planteado para abastecer al área metropolitana de Barcelona. La Agencia Catalana del Agua (ACA) ha redactado este proyecto sin tener en cuenta la grave situación de sequía que afecta a la cabecera del Segre ni el caudal ecológico (estimado por la ACA apenas en 1,1 m3/s) adecuado para preservar este espacio protegido. Los ecologistas estiman en 4,5 m3/s el caudal ecológico promedio necesario para evitar los impactos, pero actualmente apenas supera los 3 m3/s. Además, una de las consecuencias del Segre-Llobregat sería la disminución de la calidad del agua del embalse de Oliana en el Segre, situado tras la toma, que desde 2006 tiene la peor calidad ecológica de la cuenca del Ebro.
La posibilidad como solución alternativa de llevar agua en barco desde la desaladora de Carboneras a Barcelona es un paradigma de la situación de incoherencia de la actual política de aguas agravada por la presión de las comunidades autónomas. Resulta tremendamente grave que se esté trasvasando agua a Almería desde el exhausto Tajo, y al mismo tiempo se esté planteando la venta del agua desalada a Barcelona. No olvidemos que el Acueducto Tajo-Segura es la gran incoherencia de la insostenible política hidrológica española, que mantiene en un alto estado de degradación a un gran río como es el Tajo que podría estar mucho mejor, ecológicamente, si no sufriera esa continua sangría.
Otro de los ejemplos de una política hídrica incoherente es el trasvase Tajo-Guadiana, que pretende llevar agua a una zona sobreexplotada por decenas de miles de pozos ilegales, donde el 95% de los recursos los consume la agricultura de regadío. El recién aprobado Plan Especial del Alto Guadiana pretende abordar el problema con una inversión de 3.500 millones de euros hasta 2027. Sin embargo, Castilla-La Mancha sigue promoviendo el riego de cultivos tradicionalmente de secano (viña, olivo y almendro) y está ultimando un acuerdo con la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la obtención de más recursos hídricos, aún a costa de los sobreexplotados acuíferos 23 y 24 que tienen un déficit de más de 3.000 millones de metros cúbicos de agua.
Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF/Adena consideran urgente la revisión de las concesiones y la eliminación de los pozos y extracciones ilegales en todas las cuencas afectadas por la sequía. Como posibles alternativas para el abastecimiento del área metropolitana de Barcelona, los ecologistas plantean continuar con la instalación de dispositivos domésticos de ahorro, la modernización de redes de distribución, persecución de ilegales, reutilización de agua y la compra de derechos de agua a otros usuarios como los regantes de las cuencas catalanas, y muy especialmente la redistribución de los recursos hídricos, destinando los de mayor calidad al abastecimiento urbano, de acuerdo con lo indicado en la Ley de Aguas.
En este sentido, debería sustituirse el agua de calidad que actualmente se utiliza en el regadío de las cuencas internas de Cataluña (incluso a pocos kilómetros de Barcelona) por agua residual depurada (procedente de las depuradoras de aguas residuales de Barcelona y su área metropolitana) y destinar la primera al abastecimiento urbano. Todas estas medidas, muchas de ellas ya contempladas en los planes de sequía, deberían generalizarse en los programas de medidas de los planes hidrológicos de Cuenca con la finalidad de proteger los recursos, evitar el impacto ambiental y prevenir el impacto de las sequías.
Greenpeace