Según la UPA, la actuación de la Presidencia española de la Unión Europea en materia de agricultura concluye con un fracaso absoluto. El último Consejo de Ministros de Agricultura presidido por el Ministro español, Miguel Arias Cañete, que se celebró ayer en Luxemburgo, ha puesto el broche final a un semestre sin resultados, en el que no se ha cumplido ninguno de los objetivos planteados inicialmente por el propio Gobierno español, se ha aplazado el gran debate del capítulo agrícola en las negociaciones para la ampliación de la UE y se ha trasladado a la presidencia danesa, que comienza el 1 de julio, el reto de abordar la próxima reforma de la Política Agraria Común.
Estas son las conclusiones más relevantes del análisis realizado por la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), cuyos servicios técnicos han comparado, punto por punto, las prioridades que definió la presidencia española y los resultados finalmente obtenidos, tal y como se refleja en el cuadro resumen adjunto.
En primer lugar, hay que destacar que el principal mandato que tenía la Presidencia española era cerrar el capítulo de las ayudas agrarias para la ampliación de la UE, tal y como se recogía en los propios documentos oficiales del Ministerio de Agricultura, cuando se decía que "corresponde a nuestra Presidencia el cierre provisional, en la Conferencia Negociadora, del Capítulo ‘Agricultura’ de la ampliación, sobre los apartados de cuestiones horizontales, Organizaciones Comunes de Mercado y desarrollo rural". Un reto que no se ha cumplido y que el propio Presidente del Gobierno Español, al hacer balance de la Cumbre Europea en Sevilla, situaba ya como un objetivo para cerrar a fin de año, lo cual supone el implícito reconocimiento del gran fracaso cosechado.
En cuanto a la próxima reforma de la PAC, el Gobierno español ha dejado pasar una oportunidad de oro para pilotar desde la Presidencia el inicio de los debates sobre las propuestas de la Comisión que, curiosamente, se van a presentar oficialmente dentro de unos días, nada más concluir la Presidencia española.
Una reforma que, además de afectar a varias Organizaciones Comunes de Mercado muy importantes, va a proponer previsiblemente la modulación obligatoria en la gestión de las ayudas y otros instrumentos de la PAC. Un aspecto de enorme trascendencia para España, de cuya solución final, en un sentido o en otro, va a depender el futuro de las explotaciones familiares en nuestro país; porque no es lo mismo modular para distribuir los recursos con mayor justicia social, como propone UPA, que modular con el único objetivo de gastar menos, como van a pretender algunos Gobiernos europeos y la propia Comisión.
Finalmente, la Presidencia no ha abordado con la decisión política exigible a un país como España -que es ya el segundo Estado miembro perceptor de fondos de la PAC, detrás de Francia- la resolución de numerosos problemas sectoriales, que en todos los casos afectan en mayor o menor medida a los agricultores y ganaderos españoles, porque España tiene intereses en todos los sectores.
Especialmente relevantes son, a este respecto, la ausencia de resultados en torno a adopción de una solución definitiva para las ayudas a los frutos secos, aspecto en el que no se ha avanzado nada; las nuevas orientaciones para el fomento de los cultivos proteicos, la reforma de la OCM del arroz o la presentación de alguna propuesta de futuro para las producciones mediterráneas, en las que cabía esperar una mayor implicación por parte del Gobierno español.
UPA