Ilda FIGUEIREDO (IUE-IVN, P) presenta una propuesta de resolución que evalúa la situación de la política pesquera en la UE y apoya el plan de actuación (2003-2005) para mejorar la vigilancia comunitaria del acceso y explotación de los recursos pesqueros, aunque insiste en la necesidad de reforzar la coordinación entre los Estados en la inspección en las distintas zonas costeras. Los países deberán cooperar especialmente en la vigilancia de las zonas internacionales gestionadas por organizaciones regionales.
A pesar de acoger favorablemente la intención de la Comisión de «crear una estructura común de inspección sobre la base de un órgano comunitario de control de la pesca», para coordinar las infraestructuras nacionales, solicita a la Comisión que estudie la viabilidad y rentabilidad de dicha propuesta, frente a un mejor uso de los medios nacionales. A la vez la ponente solicita la creación de una «oficina comunitaria» que garantice la eficacia de los controles nacionales. Entre otras cosas, pide también que la Comisión participe activamente en el control y financiación de la vigilancia realizada en aguas internacionales gestionadas por las organizaciones internacionales pesqueras.
Figueiredo celebra la idea de adoptar «programas de control específicos», que fijen objetivos y prioridades en cada una de las pesquerías o poblaciones seleccionadas. Asimismo, considera indispensable la elaboración de un código de buena conducta en materia de control pesquero.
Carácter regional
La ponente también hace hincapié en la dimensión regional y carácter descentralizado de la política de pesca, así como en la necesidad de incluir a las organizaciones de pescadores en las negociaciones a todos los niveles.
Respaldo al plan de recuperación del bacalao en el mar del Norte
Por otro lado, también ese día se debatirá sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen medidas para la recuperación de poblaciones de bacalao (CNS).
El plan de la Comisión Europea para recuperar la población de bacalao en el Mar del norte recibe el respaldo de la comisión de Pesca que, no obstante, aboga por mayor flexibilidad y participación local.
El plan prevé una reducción en el número de capturas autorizadas para que en un plazo de cinco a diez años la población de bacalao alcance un nivel seguro que evite su extinción. La ponente, Catherine STIHLER (PSE, UK), plantea algunas enmiendas no vinculantes que incrementan la flexibilidad de los Estados miembros en la aplicación de las medidas, promueven una mayor participación de los pescadores en su diseño para garantizar su éxito y abogan por un control más estricto, con una supervisión por satélite a partir de 2005.
La comisión de Pesca también quiere que se analice la cuestión de la pesca industrial de bacalao. Igualmente, advierte de la posibilidad de efectos socioeconómicos frente a los cuales la Comisión debería proporcionar ayudas compensatorias. A estos efectos, propone la realización de un estudio dentro de un año.
Las votaciones se producirán el próximo día 23 de octubre.
PE