Un reciente estudio sobre el impacto económico que tendrá sobre el sector cárnico la no subvención de la destrucción de las harinas cárnicas, realizado por CONFECARNE sobre 100 mataderos de nuestro país, que sacrifican anualmente más de 20 millones de cerdos, es decir, el 70% de la producción nacional, muestra que estas empresas no podrán soportar el coste de destrucción de las harinas cárnicas y que más del 90% de ellos tendrían resultados negativos en el año 2002 si no se mantiene la subvención para su eliminación.
Las pérdidas económicas que con toda seguridad experimentarán esas empresas serán mayores o menores dependiendo de la capacidad que tengan para repercutir ese coste, repercusión que necesariamente habrá de dirigirse al sector ganadero, ya que la situación de dominio de la distribución hace muy difícil repercutirlo en esa dirección.
El impacto económico de la prohibición de las harinas cárnicas, sin la existencia de la subvención para la destrucción, supone, solamente para el sector de mataderos, la pérdida de ingresos por importe de 3.390 millones de pesetas anuales, más un coste adicional de 11.010 millones de pesetas. Es decir, más de 14 mil millones de pesetas, que desde luego no podrán soportar la cuentas de resultados de esas empresas.
CONFECARNE advierte también del grave peligro de ruptura de la unidad de mercado y de la distorsión en el comercio que se producirá si no se logra un consenso sobre un modelo único en todo el Estado de gestión de la harinas cárnicas y cada Comunidad Autónoma adopta un decisión diferente. Esto sin contar las fuertes tensiones que originaría en el sector la decisión de no subvencionar las harinas.
Por ello la industria cárnica ha instado al Ministerio de Agricultura a que ejerza su papel de coordinación y de defensa de la unidad de mercado y proponga a las Comunidades Autónomas un modelo de gestión de las harinas cárnicas común para todas ellas durante al año 2002.
Dicho modelo debe subvencionar los costes de destrucción de las mismas mediante cofinanciación del Ministerio de Agricultura y las Comunidades Autónomas.
Además, CONFECARNE ha insistido al Ministerio que no hay justificación científica para mantener la prohibición de utilizar en la alimentación animal productos que son aptos para el consumo humano, procedentes del sacrificio de porcino y aves en la alimentación de estos animales monogástricos.
Para CONFECARNE el Ministerio de Agricultura no ha defendido los intereses de nuestro país, principal productor de porcino de la Unión Europea, detrás de Alemania, y se ha dejado llevar por la presión de los medios de comunicación en lugar de por las evidencias científicas.
El apoyo de Agricultura a la prohibición de las harinas de especies distintas a los rumiantes ha quedado en entredicho por las recientes declaraciones del Comisario de Salud y Protección de los Consumidores, David Bryne, al replantearse la prohibición de las mismas.
El Comisario Bryne reconoció además que solamente hay capacidad para destruir menos del 50% de las harinas generadas en la Unión Europea.
En todo caso, mientras no se permita la utilización de los despojos cárnicos en la alimentación animal, el sector cárnico ni puede ni debe asumir en solitario el coste derivado de esa medida, adoptada bajo la justificación de salvaguardar la salud pública, y que por ello debe ser financiada por la Administración.
CONFECARNE, la mayor organización cárnica de España, agrupa a la Asociación de Industrias de la Carne de España (AICE) y la Federación Catalana de Industrias de la Carne (FECIC), que aglutinan a más de 1.000 empresas que emplean a 31.500 trabajadores.
CONFECARNE