Pérez Saldaña garantiza la cofinanciación de los 4 Millones de Euros en ayudas estatales al tomate

Al analizar los resultados de la reforma comunitaria de la OCM de Frutas y Hortalizas aprobada la semana pasada por el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE en Luxemburgo, tanto el Consejero de Agricultura, Isaías Pérez Saldaña, como el máximo responsable de UPA-A, Agustín Rodríguez, coincidieron en afirmar que se abren nuevas esperanzas para este cultivo, puesto que recibirá una ayuda estatal de 15 millones de €uros. “Hemos ganado la batalla más importante en Bruselas porque nadie pensaba que se pudiera conseguir un acuerdo así”, matizó Saldaña, quien felicitó por los logros alcanzados en esta reforma del sector de frutas y hortalizas en la que la Consejería ha tenido una participación determinante, “al Ministerio de Agricultura, a la sociedad civil en general y a UPA, que han sabido defender los intereses del sector”.

El Consejero afirmó que “en Andalucía hemos logrado todos nuestros objetivos respecto al tomate para transformación, puesto que se garantiza un período transitorio para la aplicación de la reforma hasta el 31 de Diciembre de 2010 además de ficha financiera, lo que permitirá al sector crecer y desarrollarse, y consolidarse como una alternativa real frente a otros cultivos recientemente reformados por la Unión Europea como algodón y remolcha”. A su juicio, la anterior OCM negociada por el Ejecutivo Popular, hacía inviable el cultivo y frenaba su expansión debido a las penalizaciones en las ayudas por sobrepasamiento de cupo (hemos contado con 1.238.606 Toneladas como umbral máximo para toda España). No obstante, la nueva reforma zanja, con ayudas, la situación de “castigo” que soportaba el cultivo con penalizaciones de hasta 32% y más injusta si cabe porque incidía en un área, el Bajo Guadalquivir, en reconversión de sus sectores emblemáticos e históricos: remolachero-azucarero y algodonero.

En este sentido, Saldaña garantizó a agricultores y operadores que acudieron a la Jornada de UPA-A que la Junta “pagará con gusto el 50% del sobre nacional autorizado por Bruselas en esta reforma para compensar a los profesionales por las penalizaciones en las ayudas comunitarias soportadas durante la campaña 2007-2008. Así, el sector andaluz concentrado en el Bajo Guadalquivir recibirá entre 4,5 y 5,5 Millones de Euros (alrededor de 1.000 millones de las antiguas pesetas), según sus cálculos.

El reto del Comercio
El Consejero de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía ha valorado los logros de un cultivo que ha crecido un 185% en los últimos años en nuestra tierra, alcanzando además los mayores rendimientos del Estado (80 toneladas/ha de media), “lo que convierte al Bajo Guadalquivir en el área más capacitada del mundo para desarrollar el tomate industrial”.

No obstante, el Consejero urge asumir nuevos retos ante la próxima liberalización total que permitirá a partir de 2011 entrar en el sector a agricultores que reciben ayudas del “cheque histórico” y cultivar por tanto frutas y hortalizas activando sus derechos de ayuda percibidos por la siembra de otros cultivos como herbáceos o industriales. Estos retos deben centrarse, a juicio de Pérez Saldaña, en la concentración de la oferta para unificar estructuras de ventas ganando dimensión y en la elaboración de productos de segunda transformación como salsas y otras presentaciones innovadoras que nos diferencien de los competidores internacionales. “Andalucía exporta 7.200 toneladas de este tipo de tomate, materia prima que transforman y procesan otros, por lo que estamos perdiendo valor añadido. Tenemos que concentrar la oferta porque somos una gota en el océano si pensamos que China comercializa más de 438.000 toneladas de tomate concentrado”.

Por ello, Saldaña comprometió el apoyo absoluto a una eventual fusión al menos de las cuatro cooperativas existentes en la actualidad.

El tomate industrial genera más de 1,5 millones de jornales, al tiempo que ha movilizado unas inversiones en los últimos años superiores a los 70 millones de euros, permitiendo la eclosión de un entramado agroindustrial —cuatro cooperativas transformadoras y un operador privado— en el Bajo Guadalquivir.

UPA-A

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