Nota de WWF/Adena
WWF/Adena considera que el gobierno ha desoído las alegaciones ecologistas que pedían que el segundo Plan Nacional de Asignación (PNA) limitase drásticamente a las empresas la posibilidad de justificar sus emisiones con créditos procedentes de proyectos en el extranjero y, así, incentivar las reducciones internas. Así mismo, tampoco se ha aprovechado la oportunidad de estimular una producción eléctrica más limpia, ya que trata de forma ventajosa al carbón. Este combustible es el que más CO2 emite por Kwh producido.
El pasado sábado 25 de noviembre se publicaba en el BOE la aprobación del segundo Plan Nacional de Asignación (PNA) de Derechos de Emisión, que establece cuánto pueden emitir las instalaciones de los principales sectores industriales entre 2008 y 2012. En el Plan se determina el número total de derechos a asignar así como la estructura y las reglas para el reparto de derechos. El borrador de dicho plan fue sometido a información pública el 12 de julio de 2006 y el gobierno, tras valorar las alegaciones presentadas, ha aprobado el Plan que deberá ser enviado a Bruselas.
WWF/Adena valora positivamente la reducción del número total de derechos repartidos respecto al primer Plan, que abarca el periodo comprendido entre 2005 y 2007, así como que se haya respetado el criterio de reparto de carga y que la distribución a los sectores industriales en el periodo 2008-2012 sea acorde con el compromiso español bajo el protocolo de Kioto. Es decir, no superar en más del 15% las emisiones existentes en 1990.
Sin embargo, el Plan final presentado tiene un importante problema para su efectividad ambiental. Ya que no se ha corregido la excesiva permisividad que posibilita a las empresas la justificación de sus emisiones con créditos baratos procedentes de proyectos en el extranjero. En el borrador el gobierno permitía justificar hasta un 50% de los derechos asignados con estos créditos, cantidad muy por encima del límite impuesto por países como Reino Unido o Alemania que respectivamente limitan en un 8% y un 12%. Pero el Plan español aprobado, en vez de limitar más drásticamente la cantidad inicial, ha aumentado la posibilidad de utilización de estos créditos hasta un 70% en el sector eléctrico. Esta excesiva tolerancia desincentiva las medidas internas de reducir las emisiones en la producción eléctrica. Además, tal como se definen en el Plan, los criterios de asignación por instalaciones al sector eléctrico benefician a la producción eléctrica con carbón, que es la más emisora de CO2 y, por tanto, la más responsable del cambio climático. Así mismo, al permitir la agrupación de instalaciones, se elimina el incentivo de penalizar a las tecnologías mas emisoras, pues se compensará el déficit de derechos de los que mas emitan con los menos contaminantes.
Además, el gobierno no utiliza la subasta como método de reparto. Es decir, hacer pagar a las empresas -al menos en parte- por los derechos de emisión. Por el contrario, darlos a todos de forma gratuíta diluye el principio de quien contamina paga.
Según la Responsable del Programa de Cambio Climático de WWF/Adena: “El gobierno ha desaprovechado la oportunidad de introducir cambios que mejoren substancialmente la efectividad ambiental del Plan Nacional de Asignación. Por un lado, reduce los derechos de emisión respecto del plan anterior pero, por otro, abre la puerta para que a las empresas les resulte barato contaminar. De esta forma no se incentivan la reducción de emisiones en nuestro país”.
WWF/Adena