Accidentes como el de la balsa de residuos mineros de Aznalcóllar pusieron en evidencia la necesidad de revisar la legislación sobre la gestión de escombros de la industria extractiva. Las filtraciones de una balsa de residuos en mal estado pueden contaminar las aguas y el suelo colindante, y tener efectos transfronterizos, como fue el caso de la mina de Rumania. Esta nueva propuesta de directiva aborda específicamente el caso de tratamiento de residuos mineros y exige en particular una vigilancia continuada de las balsas y escombreras. La comisión de Medio Ambiente respalda la propuesta e introduce enmiendas, en primera lectura, que refuerzan algunas disposiciones. En particular, el ponente, Jonas SJÖSTEDT (IUE-IVN, S), está preocupado por los residuos históricos y sus enmiendas exigen que la entidad explotadora siga siendo responsable del mantenimiento y control también tras el cierre de la instalación de residuos (enm 67, art. 4).
Bombas de relojería
Otras enmiendas exigen que se haga un inventario de los emplazamientos cerrados (enm 71) en un plazo de tres años. Según explica el ponente, estas balsas de residuos que ya no se usan «son una carga del pasado no gestionada, auténticas bombas de relojería, riesgos graves de accidente que se añaden a la contaminación de todos los días». La elaboración de inventarios sería «el único modo de garantizar que se sacan a la luz estas bombas de relojería y se tratan para reducir el riesgo a un mínimo».
Vigilancia y responsabilidad financiera
Con la nueva legislación, los operadores se comprometerán en la vigilancia de las balsas de residuos, tan importante como la construcción original de las balsas. Además, se propone un sistema de garantías financieras para asegurar que los operadores hacen frente a los gastos de tratamiento de residuos o de la rehabilitación de una explotación cerrada, así como a los daños por accidentes. Precisamente el caso de Aznalcóllar ilustra la importancia de garantías financieras para evitar que el operador responsable se declare insolvente y no pueda por tanto financiar los costes de reparación cuya financiación tiene que asumir entonces el erario público. La directiva sobre responsabilidad medioambiental que se aprueba en esta sesión establece un marco general que afecta a la mayoría de operadores económicos. Esta directiva sobre residuos mineros aborda el caso específico de la industria extractiva.
Planes de gestión
La propuesta establece las condiciones necesarias para acceder a una licencia de explotación así como obligaciones mínimas para una gestión adecuada y para garantizar la seguridad de las instalaciones. Todo explotador deberá presentar planes de gestión de residuos para el tratamiento, recuperación y eliminación de los residuos extraídos. Por un lado, la construcción de instalaciones de residuos deberá minimizar el riesgo de fugas. Pero también es esencial que los residuos acumulados en montañas o balsas no supongan un peligro medio ambiental o de salud pública una vez que la explotación se termine o la instalación de residuos se cierre por haberse alcanzado su capacidad máxima. Una enmienda del ponente (29) exige que la eliminación segura de los residuos sea uno de los objetivos del plan de gestión y que se considere esta cuestión durante la fase de proyecto.
Los explotadores deberán disponer igualmente de planes de emergencia
Con esta nueva directiva se pretende también aclarar la legislación comunitaria a que están sujetas estas industrias, en parte hasta ahora cubiertas por la directiva marco de residuos y la directiva de vertidos. Teniendo en cuenta la naturaleza y los riesgos que pueden presentar los residuos mineros (que por sí mismos no suponen necesariamente un problema medioambiental), este texto persigue cubrir lagunas legales. Además, se garantizará la igualdad de condiciones en el mercado interior. En la actualidad, la legislación medioambiental aplicable varía sustancialmente en los Estados miembros – frecuentemente elaborada en respuesta a un accidente – y el cierre y rehabilitación y vigilancia posterior está regulado de forma diversa. No todos los países exigen garantía financiera, lo que implica que en muchos casos los costes de los daños medioambientales son sufragados por el contribuyente
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