El consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, Paulino Plata, manifestó ayer al ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, su disconformidad con el reparto de la financiación del Programa de Mejora de la Calidad del Aceite de Oliva para la campaña 2003-2004, que cuenta con un presupuesto total de 15,27 millones de euros. Este programa junto con la distribución territorial de subvenciones para sanidad animal y la situación actual del sector lácteo, son los asuntos que se analizaron hoy en Madrid en las conferencias sectoriales de Agricultura y de Pesca.
Para el responsable Agricultura "no es admisible" que al sector olivarero andaluz le corresponda el 51 por ciento del total, ya que aporta más del 80 por ciento de la producción nacional de aceite de oliva. Es un reparto "inadecuado y desproporcionado", máxime si se tiene en cuenta que a los olivareros le detraen de sus ayudas el 1,4 por ciento para financiar estos programas, denunció.
Respecto a las subvenciones comunitarias al sector olivarero, el consejero declaró que lo importante es diseñar un sistema de ayudas que garantice la viabilidad del sector completo ya que, según recordó, existe un olivar marginal cuya pervivencia es muy difícil. Por ello, se pronunció a favor de una ayuda mixta que garantice que se seguirá produciendo y con calidad.
Del sector lácteo, Plata se mostró conforme con la postura del Gobierno, que aboga por establecer un plan para ajustar la producción y la cuota láctea real, ya que existe un desfase que afecta a los que cumplen las normativas. Asimismo, denunció que "tenemos menos derechos reconocidos de producción de lo que realmente se consume en nuestro país".
Pesca
En la Conferencia Sectorial de Pesca, el representante del gobierno andaluz se refirió al proyecto de Real Decreto sobre medidas estructurales del sector pesquero, que está elaborando la administración central, recordando que debe ser flexible y ágil para acortar en la medida de lo posible los trámites administrativos. De este proyecto depende el 38 por ciento de la flota andaluza (775 barcos), que no ha podido acogerse a las medidas sociales comunitarias porque las condiciones de la normativa de la UE lo impiden.
Junta Andalucía