El Parlamento ha adoptado una resolución en la que pide a la Comisión y al Consejo que respeten el sistema de ayuda a la producción del sector de la aceituna y el aceite de oliva, que ha demostrado ser el mejor adaptado al sector, funcionando con eficacia, permitiendo mantener el sector olivarero ante la competencia de otras grasas vegetales y desarrollar mercados exteriores sin generar excedentes, desempeñando un doble papel en las regiones productoras, como política de mercado y como impulsora del desarrollo rural.
El pleno expresa su preocupación por la tendencia a reducir el peso relativo de los regímenes de apoyo al aceite de oliva. Estima que en la próxima reforma de la OCM del aceite de oliva las rentas de los productores de aceitunas deben constituir la principal preocupación, además de la protección del medio ambiente y de la vida rural.
Las instituciones y órganos comunitarios, (OLAF y TCE), los Estados miembros y la Comisión han de conceder prioridad a la lucha contra el fraude en el aceite de oliva, en particular, a la adición ilegal de aceite de avellana al aceite de oliva. La Comisión debería presentar propuestas legislativas para reforzar las normas contra la falsificación del aceite, elaborar una lista negra de falsificadores de aceite y otros productos alimenticios, y cancelar de inmediato cualquier ayuda que éstos pudieran percibir. Además, la Eurocámara solicita una etiqueta para la circulación del aceite, y que el origen del producto venga determinado, no por el lugar donde fue producido, sino por donde fue cosechado.
La resolución lamenta que todavía queden por recuperar importes considerables de los pagados indebidamente en el periodo 1985-1998. Critica, asimismo, los períodos excesivamente largos que transcurren hasta que se inician los procedimientos de recuperación de estos importes y solicita a la Comisión una estrategia para su mejor recuperación. Lamenta también que el efecto disuasorio de multas y penalizaciones se diluya debido a que son las tesorerías nacionales y no quienes reciben en importes indebidos las que las abonan. Asimismo reitera su petición de que la Comisión suspenda los pagos relativos al aceite de oliva si los Estados miembros no garantizan controles satisfactorios.
El pleno lamenta que algunos Estados miembros no hayan creado todavía los registros oleícolas pese a las considerables ayudas financieras facilitadas por la Comunidad a tal fin. Acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de condicionar, a partir del 1 de noviembre de 2003, el pago de la ayuda a la terminación del Sistema de Información Geográfico, que incluye un registro del cultivo de olivos.
La auditoría del Tribunal de Cuentas en España, Italia, Portugal y Grecia detectó irregularidades cometidas en la obtención de la ayuda al consumo y restituciones por exportación; entre 1985 y 1998 los pagos irregulares de la ayuda al consumo ascendieron a 456 millones de euros, y se ha recuperado solamente el 6 %. Este fraude se debe principalmente a la pretensión de percibir ayudas para cantidades de aceite inexistentes o para mezclas inadecuadas.
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