La dura crisis de precios que sufrió el sector en la última campaña ha repercutido en la disminución de la superficie sembrada de patata en Castilla y León: en el conjunto de la Comunidad Autónoma se prevé una reducción de la superficie sembrada de cerca del 10 por ciento con respecto al año 2002. Un descenso en la siembra que no impide que se mantenga o incluso aumente la superficie cooperativizada, lo que indica la preocupación del productor por conseguir negociar un mejor precio. También es destacable el hecho de que los cultivadores hayan optado por adquirir semilla de las variedades de mayor calidad, intentando garantizar una salida para el producto. Según los datos oficiales, las variedades más demandadas por las grandes superficies, como Monalisa y Agria, han desbancado a otras como Marfona o Draga.
Por otra parte, el sector ha mostrado su máxima disponibilidad para participar en el futuro Observatorio de seguimiento de precios del sector de la patata, desde el que se hará un seguimiento entre los precios en origen y los de venta al público. Este órgano –que previsiblemente estará constituido antes de finalizar junio– deberá fijar criterios para realizar estimaciones de precios que sirvan de referencia a productores y cooperativas y a transformadores y almacenistas, con la supervisión de la Administración. Una tarea importante, que ASAJA exige que se haga con rigor.
Con la puesta en marcha del observatorio se cumplirá una de las propuestas anunciadas por la Consejería de Agricultura a raíz de las protestas de los cultivadores de patata. Quedan por cumplir, tal como recuerda ASAJA, otros puntos: el fundamental, incrementar los controles para evitar márgenes comerciales abusivos y presionar en lo posible para lograr que la Unión Europea regule el sector. También es preciso que la Consejería estudie un medio de dar salida a los desechos de patata, tanto de almacén como de fábrica, salida que podría ser la alimentación animal o la producción de bioetanol, y que interceda entre las cooperativas de patata de siembra y de consumo para ajustar precios y tipos.
Por último, la Administración debe proporcionar un seguro de ingresos que realmente garantice un mínimo de renta para los productores. Un seguro que debe mejorar sus condiciones respecto al puesto en marcha esta campaña de forma experimental en varias provincias de la región, que no está teniendo el éxito esperado.
Asaja CyL