La comisión de Medio Ambiente expresa su ‘profunda preocupación‘ por el Plan Hidrológico Nacional (PHN) español por no respetar el principio del uso sostenible del agua ya que ‘no aborda la cuestión del uso sostenible del agua mediante mecanismos de tarificación y otras medidas de conservación del agua‘. El plan aprobado por el Senado el 20 de junio incluye propuestas para construir 118 presas y una infraestructura de irrigación extendida.
Recuperación de costes
El informe de Marialiese FLEMMING (PPE/DE, A) pide a los Estados miembros que fijen un sistema de tarifas para el agua que fomenten un uso razonable y garanticen la recuperación de los costes en todos los sectores, tanto hogares como industria y agricultura. No obstante, las propuestas que presente la Comisión pueden prever que el sistema de tarifas varíe tanto por regiones como por sectores, teniendo en cuenta que las necesidades y la calidad del agua varían según las regiones.
Condiciones geográficas y climáticas
Las tarifas, añade la ponente, deberían tener en cuenta los costes de suministro y los costes ambientales ocasionados por la extracción y uso. El sistema debe ser progresivo – a mayor consumo, mayor contribución – y transparente de cara al consumidor, garantizando un mínimo gratuito o a bajo precio para uso doméstico. En todo caso, la tarificación debe tener en cuenta los efectos sociales, ambientales y económicos de la recuperación de los costes y las condiciones geográficas y climáticas de la región en cuestión. El sistema debe reflejar la problemática de cada cuenca. También deben tenerse en cuenta condiciones excepcionales, como sequías o situación geográfica, en que la tarifa aplicada no permita recuperar los costes.
Sector agrícola
El informe coincide con la Comisión en que una política de tarificación adecuada del agua puede desempeñar un papel incentivador para un uso más eficaz y sostenible del agua, especialmente en el sector agrícola. Sin embargo, considera que de momento la PAC no ha respondido a los objetivos de una política de desarrollo sostenible de los recursos hídricos, y solicita que los programas agroambientales promuevan regadíos con inferior impacto ambiental y menor consumo neto de agua. En particular, subraya que el sector agrario necesita una política de incentivos y mejora de infraestructuras como las técnicas de riego para reducir su consumo de agua. Además, insiste en que las políticas agraria y turística debe establecer precios del agua que cubran los costes. No obstante, pone de relieve las diferencias entre regiones europeas en lo que a necesidad de agua para usos agrícolas se refiere, en particular en las regiones mediterráneas.
Según la comisión de Medio Ambiente, el aumento del precio del agua que implica la tarificación no debería poner en peligro la viabilidad de las explotaciones familiares agrarias y podría contribuir a evitar la producción excedentaria. Considera que la política de tasas debería aplicarse en paralelo con un sistema de incentivos que fomenten un uso sostenible del agua. Además, insta a la solidaridad entre los Estados miembros como principio básico de la política hidrológica. Por otra parte, la ponente reitera su apoyo al principio de ‘quien contamina paga‘, y considera que el sistema debe gravar los consumos y prácticas despilfarradoras y poco eficientes.
Subvenciones comunitarias
Por último, pide a la Unión Europea y a los Estados miembros que supriman progresivamente todas las subvenciones relacionadas con el agua que contravengan la legislación ambiental de la UE, incluidas las concedidas para los Fondos estructurales y de cohesión.
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