Nota de COAG
Del «caso Prestige», como se ha denominado en los ámbitos judicial y político, permanecen muchas sensaciones. Han pasado 365 días y los efectos de la catástrofe ecológica más importante de la reciente historia en España continúan presentes en la lonja de Ribeira (A Coruña), en los despachos administrativos de la Xunta o en los balcones en los que todavía luce una desgarbada pancarta de Nunca Máis pero, sobre todo, en el alma de aquellos que aman el mar.
En una comunidad en la que 41.600 personas viven directamente de la pesca, el mar, más que en cualquier otra parte del mundo, es un bien común. Este sentimiento de propiedad colectiva quedó perfectamente claro a los ojos del mundo cuando los marineros de la ría de Arousa se enfrentaron cara a cara con el chapapote. En la retina de muchos todavía quedan las imágenes de estos héroes anónimos arrancando el fuel de la ría. «Estaba en juego lo más valioso, nuestra propia vida», recuerda Antonio García, marinero de Bueu.
La «marea blanca de solidaridad» fue sin duda la cara menos amarga de esta tragedia. El fenómeno del voluntariado despertó algo más que conciencia medioambiental. Fue el revulsivo necesario para que las autoridades tomasen buena nota de lo que estaba pasando. Las primeras contradicciones en las versiones oficiales (hilillos de fuel, marea negra, manchas, vertidos, etc) provocaron el desconcierto entre la sociedad.
La población de la costa, sin embargo, prefirió actuar antes que esperar a que se extendieran los efectos negativos del fuel. Los datos vuelven a justificarlo todo. El 10 por ciento del PIB gallego (casi dos millones de euros anuales) lo aporta la actividad extractiva de pescado y marisco y su posterior transformación industrial.
Doce meses después, los gobiernos central y autonómico aseguran que todas las actuaciones previstas en el Plan Galicia (dotado con más de mil millones de euros) ya están en marcha. Este plan fue la tabla de salvación a la que se aferraron los afectados, que veían que las ayudas del FIDAC no llegaban, y la propia Administración, que necesitaba una rápida intervención para lavar su imagen inicial de descoordinación.
Esta semana, Galicia ha recibido la visita de cuatro ministros del «ejecutivo Aznar». Organizaciones políticas, científicas, pesqueras y sociales hacen balance y cada una arroja su particular visión de la tragedia, o del accidente, como lo denominan muchos.
El Gobierno gallego destaca que los danmificados han recibido durante este tiempo 114 millones de euros y que a las arcas autonómicas no le ha costado nada ese desembolso. La oposición se lamenta por no haber sabido convertir el rechazo social ante la gestión de la catástrofe en votos de castigo hacia el Partido Popular.
Los ecologistas insisten en que «las playas no están esplendorosas», desmintiendo el polémico comentario del ministro de Defensa, Federico Trillo, y que las aves y los peces han conocido de primera mano los efectos del fuel. Un dato: la Sociedad Española de Ornitología contabiliza más de 77.000 aves muertas en el último año.
Nunca Máis recupera protagonismo en la semana del aniversario de la catástrofe, sabiendo que su influencia volverá a diluirse dentro de otros siete días y el sector, el gran protagonista de esta historia, aprovecha para hacerse oír entre las instancias políticas en unos días en los que acapara de nuevo la atención informativa.
El corredor marítimo de Fisterra era hace exactamente un año el escenario de la catástrofe ecológica que más repercusiones económicas y sociales ha provocado en un pueblo vinculado históricamente a la resignación.
Poco ha cambiado desde entonces. En materia de seguridad marítima, marineros y armadores aseguran que nada les garantiza que cualquier petrolero, con un nombre diferente a Mar Egeo o Prestige, vuelva a teñir de negro la costa gallega. Para evitar una segunda parte, la Unión Europea ha prohibido la circulación de los buques monocasco para el transporte de mercancías peligrosas y la Xunta se ha comprometido a poner en marcha un servicio de guardacostas.
Sin embargo, el ejemplo del Erika o del Exxon Valdez no ha cundido del todo. La comunidad científica, que acusa a la administración de no contar con sus decisiones, reclama la creación de un centro similar al Cedre francés. El patrón mayor de Baiona, Jesús López, asegura sentir la misma sensación de indefensión que hace 365 días.
Este estancamiento parece apropiarse también del proceso judicial emprendido tras la catástrofe. Los únicos imputados en el caso son el capitán griego del barco, Apóstolos Mangouros, y el ex director de Marina Mercante, José Luís López Sors, pero la justicia también lleva un tiempo callada. Mientras todo esto ocurría en la superficie, a 3.800 metros de profundidad reposa el pecio del buque que, según las estimaciones de Repsol, todavía escupe diariamente 10 litros de fuel.
En el ánimo de la sociedad gallega, sin embargo, se respira cierto optimismo. El orgullo de saber que su intervención ha servido para salvar de la negra sombra -como diría la poetisa Rosalía de Castro- a las rías gallegas se nota en la sonrisa de cada mariscadora, percebeiro, armador, pescantina o patrón de Galicia. Afortunadamente, cada vez más este gesto se hace habitual y la rabia y la impotencia se han ido quedado atrás, en una lucha en la que de nuevo David está a punto de vencer a Goliat
COAG