La Asociación Nacional de Productores Agroalimentarios PROAGRO se encuentra satisfecha por la entrada en vigor del nuevo reglamento de importación de ajo aprobado en fechas recientes por el Consejo de Exteriores de la UE, por lo que el sector ya no tendrá que recurrir a las cláusulas de Salvaguardia que venian aprobándose desde 1994, y que año tras año han sido vulneradas por los llamados efectos triángulo.
La aprobación de estas medidas se ha producido mediante el acuerdo entre la C.E y la República Argentina, único miembro de la OMC con intereses al ser el principal suministrador. Con el resto de países de la Unión Europea se han salvado las distancias con medidas de urgencia para conseguir que la normativa se aprobara con la mayor brevedad posible.
Los responsables del ajo de PROAGRO señalan que el contingente arancelario aprobado por la UE de un total de 38.370 toneladas, y un arancel del 9,6% ad valorem para las cantidades que excedan de esa limitación se distribuyen en 19.147 toneladas para Argentina, 13. 200 para los ajos procedentes de China y 6.023 para el resto de países, lo que supone un montante de 1.200 euros por tonelada, o lo que es lo mismo unas 200 pesetas por kilo. Una cantidad lo suficientemente disuasoria para evitar las perturbaciones que durante los últimos años han venido produciéndose en el mercado por un aumento de las importaciones de ajo chino.
Según Luis Picazo, portavoz del sector del ajo de PROAGRO, el contingente incluye las importaciones originarias de todos los países del mundo salvo los que tienen acuerdos preferenciales con la UE como es el caso de Hungría, Egipto o Turquía que son los más importantes. Unas medidas satisfactorias que recogen las demandas del sector, que pide que se unifiquen las partidas arancelarias de ajo fresco y ajo seco para evitar nuevos fraudes, y que en los comienzos de la aplicación del reglamento se ponga especial atención a los controles aduaneros.
El sector del ajo español tiene un fuerte carácter social generando más de 1.400.000 jornales al año. Agravado por la crisis de los últimos años, ha experimentado un notable descenso pasando de 233.000 toneladas en 1989 a las 187.000 registradas en el año 2000, y de 38.800 hectáreas de cultivo a 24.100 en el mismo periodo, por lo que desde PROAGRO se pide que se refuercen los controles aduaneros y que el servicio antifraude actúe con contundencia, en defensa de los productores y de los intereses del sector.
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