Ángel Exojo ha denunciado que el Gobierno de Castilla-La Mancha se ha lavado las manos en la problemática a la que tienen que hacer frente gran parte de los agricultores de Castilla-La Mancha para poder adaptar su maquinaria agrícola -que adquirieron incluso en muchos casos hace ya treinta años- a la normativa en materia de seguridad si quieren pasar la próxima inspección técnica obligatoria.
Exojo recordó que desde el año 1980 se puso en marcha una ley que regulaba el cerramiento de las cabinas y los arcos de seguridad de los tractores y que, sin embargo, hasta ahora nunca se ha aplicado en Castilla-La Mancha. A lo largo de estos años, todos los agricultores han adquirido la maquinaria tal y como estaba preparada en el mercado y han pasado la ITV con resultado favorable sin que se exigieran más requisitos.
Ahora, sin periodo de adaptación y sin ningún tipo de ayuda para un sector estratégico en nuestra región y que está atravesando una doble crisis sin precedentes, el Gobierno de Barreda exige su cumplimiento inmediato, siendo los agricultores los que “vuelven a pagar los platos rotos” de la irresponsabilidad de unos gobernantes que hoy han decido que sí quieren que los tractores de Castilla-La Mancha cumplan con unos requisitos hasta ahora desconocidos en el sector agrario.
Claro que, lo más grave de esto, según Salvemos el Campo, son las consecuencias que para el sector tiene esta normativa de ejecución retroactiva, ya que en algunos pueblos, la mayoría de ellos no cumplen con los requisitos, por lo que tendrán que ejecutar las reparaciones que conllevan un coste de unos 3.000 euros por tractor para adaptarse a la normativa o, directamente, tendrán que deshacerse de la maquinaria agrícola, en unos tiempos en los que la mayoría no tiene capacidad de realizar inversiones ni se han podido acoger a las subvenciones por renovación del parque de maquinaria agrícola ya que este año el Gobierno socialista de Barreda no ha convocado, con lo que ha creado una gran desigualdad con la mayoría de los agricultores de otras comunidades autónomas que sí han tenido esta oportunidad.
Además, recordó Exojo, aquellos tractores que cumplan con la normativa tendrán que pagar, igualmente, 100 euros por el coste que conlleva el estudio técnico para su homologación.
Exojo responsabiliza al Gobierno regional de esta “barbaridad” que se está cometiendo con el sector agrícola de Castilla-La Mancha, que siempre tiene que pagar los platos rotos de la ineficaz gestión de la Administración, exigiéndole que convoque ya las ayudas para estas adaptaciones y para la renovación de maquinaria, así como un periodo transitorio para poder adaptar la maquinaria agrícola a esta normativa.
Salvemos el campo