El punto de vista de Bruselas
La respuesta es simple, nos enfrentamos a nuevos retos a los que debemos hacer frente desde este momento. Es preciso ya que nuestros productos agrarios sean más competitivos, simplificar la política aplicada y esforzarse por que ésta sea satisfactoria frente a las exigencias medioambientales y sociales que plantea el ciudadano europeo en su conjunto.
Seríamos injustos con nuestros agricultores si para hacer la reforma aguardáramos a que se produjera la siguiente gran crisis. Tampoco iría en su mayor beneficio que esperáramos al comienzo de las negociaciones sobre el próximo marco financiero. Es este otro de los motivos por los que tan importante es hacer ahora los cambios necesarios para situar la PAC en la vía apropiada de cara al futuro. Es el momento de demostrar que nuestra política puede ofrecer auténticos beneficios al menor costo y verdaderos servicios a los ciudadanos a lo largo y ancho de una UE ampliada.
Del mismo modo, también nuestra posición ante las negociaciones de la OMC será más sólida si acometemos ya la reforma. Nuestra opinión se verá reforzada y podremos apoyar nuestras argumentaciones en el hecho evidente de que predicamos con el ejemplo, con una política que satisfaga las necesidades globales de la sociedad y manteniendo al mismo tiempo nuestro mercado abierto al comercio con terceros países.
Ante la inminente ampliación, hemos de aprovechar la oportunidad para encuadrar nuestra perspectiva de futuro, de modo que los agricultores de los actuales y los futuros Estados miembros obtengan certezas. Prolongar la discusión más allá de finales de año sería retardar lo inevitable.
Nuestro sector agrario necesita recibir un impulso ya. Aplazando lo inevitable, perjudicaríamos, en realidad, a nuestros agricultores a largo plazo, seguiríamos sin satisfacer las exigencias de los consumidores y recibiendo las críticas de los contribuyentes.
¿Qué persigue la reforma de la PAC?
La propuesta de la Comisión ofrecerá a los agricultores de la UE una perspectiva política clara, acorde con el marco financiero previsto hasta 2013 para el gasto agrario, según decisión adoptada por los Jefes de Estado y de Gobierno en Bruselas en octubre de 2002. Al mismo tiempo, hará que la agricultura europea sea más competitiva y orientada hacia el mercado, promoverá una notable simplificación de la PAC, facilitará el proceso de ampliación y ayudará a una mejor defensa de la PAC en la OMC. Los ajustes que se proponen permiten a los agricultores la máxima flexibilidad en sus decisiones de producción, garantizando, al mismo tiempo, la estabilidad de sus rentas. La reforma de la Comisión eliminará los incentivos negativos para el medio ambiente de la actual política y promoverá prácticas agrarias más sostenibles. Estos ajustes son necesarios para que la UE pueda dotar el modelo europeo de agricultura de un marco sostenible y previsible en los años venideros. Estos cambios son ahora aún más urgentes ante el nuevo marco presupuestario. Gracias a ellos, la UE podrá garantizar una distribución transparente y más equitativa de la ayuda a la renta de los agricultores y responder mejor a las expectativas de los consumidores y los contribuyentes.
Para alcanzar estos objetivos, la Comisión propone lo siguiente:
Eliminar el vínculo entre la producción y las ayudas directas (disociación).
Supeditar las ayudas al cumplimiento de normas sobre el medio ambiente, la salubridad de los alimentos, el bienestar animal y la seguridad e higiene en el trabajo (condicionalidad).
Aumentar la ayuda de la UE al desarrollo rural mediante una modulación de las ayudas directas (de la que estarán exentos los pequeños agricultores).
Introducir un nuevo sistema de asesoramiento a las explotaciones.
Aplicar nuevas medidas de desarrollo rural para incrementar la producción de calidad, la salubridad de los alimentos y el bienestar animal, y cubrir los costes del sistema de asesoramiento a las explotaciones.
Revisar la política de mercado de la PAC, incluidos el sector de los cultivos herbáceos, el sector lácteo y el del arroz.
¿Qué argumentos sustentan la propuesta de nuevas medidas de desarrollo rural?
La Comisión propone trasvasar recursos del gasto agrario de mercado al ámbito del desarrollo rural. Reduciendo las ayudas directas a las grandes explotaciones («modulación»), podrían emplearse fondos adicionales, por un importe de 1.480 millones de euros, en medidas de desarrollo rural.
Las nuevas medidas (nuevos capítulos sobre la calidad de los alimentos y el cumplimiento de las normas; introducción de ayuda en pro del bienestar animal en el capítulo agroambiental ya existente) se refieren a aspectos que hasta ahora no han sido abordados o lo han sido insuficientemente.
Estas medidas sirven para responder mejor a las preocupaciones sobre la calidad y salubridad de los alimentos, ayudar a los agricultores a adaptarse a la introducción de exigentes normas basadas en la legislación de la UE y fomentar un elevado grado de bienestar animal.
Se trata de objetivos esenciales para favorecer una agricultura sostenible y responder a las expectativas generales de la sociedad europea en su conjunto, y ocupan un lugar central en el conjunto de medidas de reforma de la PAC.
En la práctica ¿Cómo beneficiará a los agricultores la potenciación de la política de desarrollo rural?
Nuevos incentivos a los agricultores en pro de la calidad
Ayudas a los agricultores que se adhieran a sistemas concebidos para la mejora de la calidad de los productos agrarios y los procesos de producción, y ofrezcan al consumidor garantías a ese respecto. Esta ayuda se abonará anualmente durante un período máximo de 5 años, hasta un importe máximo de 3000 euros por explotación y año.
Ayudas a las organizaciones de agricultores para actividades de promoción e información al consumidor en relación con los productos obtenidos conforme a los sistemas de calidad subvencionados en virtud de la anterior medida. Se autorizarán ayudas públicas de hasta un 70% de los costes del proyecto subvencionable.
Nuevas ayudas a los agricultores para el cumplimiento de las normas
Ayudas temporales y decrecientes para que los agricultores puedan adaptarse a las exigentes condiciones basadas en la legislación de la UE sobre medio ambiente, sanidad pública, animal y vegetal, bienestar animal y seguridad en el trabajo. La ayuda será a tanto alzado y decreciente, y se pagará durante un período máximo de 5 años, con una cuantía máxima anual de 10000 euros por explotación. En ningún caso se abonará ayuda por requisitos incumplidos por el agricultor y ya contemplados en la legislación nacional.
Ayuda a los agricultores para hacer frente a los costes de los servicios de asesoramiento a las explotaciones. Los agricultores podrán recibir ayudas públicas de hasta el 80% del coste de tales servicios la primera vez que recurran a ellos, con el límite máximo de 1 500 euros.
Cobertura del gasto de los agricultores destinado al bienestar animal
Ayudas a los agricultores que se comprometan, durante un período de al menos 5 años, a aumentar el bienestar de los animales de su explotación, siempre que esos compromisos no se limiten a las buenas prácticas corrientes en la cría de animales. La ayuda se abonará anualmente, basándose en los costes adicionales y el lucro cesante como consecuencia del compromiso adquirido, dentro de una cuantía anual máxima de 500 euros por cabeza.
¿Qué significa la disociación en la práctica?
La disociación supone otorgar ayudas a los agricultores de forma tal que no estén ligadas a la producción. La Comisión propone introducir una ayuda única a la renta por explotación disociada. Con arreglo a este sistema, todas las ayudas directas existentes que percibe un agricultor por diversos regímenes se integrarán en un pago único, basado en referencias históricas. Este trasvase de la ayuda desde el producto al productor ha venido persiguiéndose, desde un enfoque gradual, ya desde la reforma de la PAC en 1992, mediante la reducción de los precios de apoyo y la introducción de ayudas directas parcialmente disociadas en los sectores cerealero, de las oleaginosas y proteaginosas, y del vacuno.
¿Qué se logrará con la disociación?
El principal objetivo de esta ayuda a los agricultores es estabilizar sus rentas. Con la disociación, los agricultores recuperan su libertad empresarial. La medida supondrá una notable simplificación de las ayudas a los agricultores de la UE. Aumentará, en general, la orientación de mercado de la agricultura y los agricultores podrán aprovechar al máximo las oportunidades de mercado, ofreciendo los productos que los consumidores deseen. La UE ayudará a los agricultores de forma que se sientan alentados a dar prioridad a la calidad de sus productos, y no a la cantidad.
Al mismo tiempo, un pago único por explotación y basado en referencias históricas supone que el valor de la ayuda permanece constante. De este modo, se ayuda a los agricultores con miras a que desempeñen toda la gama de funciones que la sociedad les pide, alentándolos a producir pensando en el mercado y no en las subvenciones. No significa, en absoluto, como algunos críticos sugieren, pagarles para que estén inactivos.
Las ayudas disociadas son las más eficaces por cuanto se refiere a la renta. Según destaca la OCDE recientemente en un estudio, los agricultores acaban obteniendo, en última instancia, más dinero que con otras formas de ayuda que tenemos.
Reuniendo la totalidad de las ayudas directas existentes en una ayuda única a la renta por explotación, el sistema se gestionará mucho más fácilmente, será más simple y mucho más transparente.
La disociación fortalecerá las bazas de la UE en las negociaciones en la OMC. Al eliminar el vínculo existente entre la producción y las subvenciones, las ayudas directas ya no falsean el comercio.
¿No intentó ya Estados Unidos el sistema de disociación y fracasó estrepitosamente?
EE.UU, en su Ley FAIR, introdujo ayudas decrecientes basadas en referencias históricas sobre las superficies y los rendimientos (expresados de forma cuantitativa) de los cultivos en ese país.
Este calculo se basaba en el supuesto de que tales pagos garantizaban un nivel de ayuda a los agricultores superior al de las ayudas hasta entonces tradicionales, dado que se partía de una hipótesis claramente optimista de incremento de los precios y gastos presupuestarios mínimos en continuidad de la política ya existente.
Al no cumplirse estas previsiones, se compensó a los agricultores con una serie sucesiva de medidas de «ayuda», no tanto por la «renta perdida» frente a los anteriores niveles de renta media, en especial en los primeros años, sino más bien por «pérdidas» frente a una estimación de evolución futura de la renta que se basaba en perspectivas de mercado no realistas.
Una legislación agraria que se introdujo con fines de ahorro presupuestario (13000 millones de dólares) acabó costando el doble de lo inicialmente estimado para un período de 6 años: 96000 millones, en vez de 48000 millones (básicamente para cinco cultivos).
Dicho de otro modo, los americanos introdujeron ayudas decrecientes partiendo de una hipótesis de precios equivocada; nosotros, en cambio, pensamos en la implantación de ayudas fijas basadas en las expectativas de la sociedad y la renta necesaria para los agricultores.
¿La disociación supondrá pagar a los agricultores por estar inactivos?
La disociación no significa en modo alguno que se vaya pagar a los agricultores por estar inactivos. Muy al contrario: ¿quién se atrevería a decir seriamente que mantener las tierras en buenas condiciones, ocuparse de los animales, gestionar las tierras o cortar heno y aplicar las normas que se exigen a los agricultores es estar inactivo? Conforme a las propuestas, la plena concesión de las ayudas directas se supeditará a que se apliquen, en el conjunto de la explotación, la normas legales sobre medio ambiente, sanidad y bienestar animal, salubridad alimentaria y seguridad laboral de los trabajadores de la explotación. De este modo, el público podrá tener la seguridad de que los agricultores que reciban ayudas directas a la renta cumplan dichas normas, así como las obligaciones de gestión de la tierra que les incumban.
¿Qué va a suceder con los rentas de los agricultores?
La Comisión Europea acaba de publicar seis estudios de impacto, que vienen a respaldar la orientación global de la reforma de la agricultura. Según estos estudios, las reformas previstas por la Comisión aumentarán notablemente los equilibrios de mercado. Además, el resultado más importante arrojado por las simulaciones efectuadas es que se producirá un efecto positivo sobre la renta agraria global, que se incrementará en un 1,7%. Por lo que respecta al sector del vacuno, la propuesta de simplificar el actual sistema de primas y liberar a los agricultores del vínculo directo entre el número de animales y las ayudas se prevé que incrementará los precios un 7%, viéndose así compensada la caída de la producción. En consecuencia, los ingresos de mercado de los productores de carne de vacuno crecerán un 4%.
¿Qué implica la disociación con respecto a la OMC?
Las propuestas reforzarán la posición de la Unión Europea en la Organización Mundial del Comercio (OMC), ya que la disociación cambiaría la naturaleza de las ayudas directas en la OMC. Ya no se considerarían clasificadas en el compartimento azul (blue box), sino en el compartimento verde (green box). Este último integra aquellas ayudas nacionales que no falsean el comercio, o sólo mínimamente.
¿Cómo se verán afectados los terceros países?
El sistema que se propone hará que aumente la coherencia a largo plazo entre la Política Agrícola Común y la Agenda de la Ronda Doha de desarrollo. Al reorientar las ayudas hacia prácticas de cultivo más extensivo y hacer que las ayudas internas falseen menos el comercio, se prevé que mejorarán las perspectivas de los países en desarrollo. Las ayudas directas seguirán desempeñando una función esencial de apoyo a la renta agraria, pero sin falsear el comercio.
Esta iniciativa debe situarse en un contexto internacional en el que otros miembros de la OMC están aumentando notablemente las ayudas basadas en la producción, contribuyendo al falseamiento de ésta y a la bajada de los precios internacionales.
¿Cómo se aplicará la condicionalidad?
La plena concesión de la ayuda a la renta por explotación disociada y otras ayudas directas se supeditara al cumplimiento de toda una serie de normas legales sobre el medio ambiente, el bienestar animal y la salubridad alimentaria, así como de los requisitos exigidos a los agricultores en materia de seguridad laboral. La condicionalidad servirá también para conservar los paisajes rurales. Si no se respetaran los requisitos de condicionalidad, las ayudas directas se reducirían en proporción al riesgo o daño sufrido.
¿Por qué una nueva reforma del sector lácteo?
Con sus propuestas, la Comisión desea dar al sector lácteo una mayor orientación de mercado y hacerlo más competitivo a largo plazo.
Para ello, se plantea un enfoque en dos fases: en primer lugar, adecuar la reforma del sector lácteo que propone la Agenda 2000 a las propuestas generales de reforma de la PAC, y, a continuación, ir aumentando gradualmente las cuotas, al tiempo que se recortan los precios de intervención y se otorga a los agricultores del sector lácteo ayudas compensatorias adicionales.
El recorte de los precios de intervención ha de ser mayor en el caso de la mantequilla, producto para el que la diferencia entre el precio interno y los precios internacionales es la más acusada. Sin embargo, la producción de queso y productos lácteos frescos, cuyo mercado aumenta, se beneficiará de la bajada de los precios de la leche. Introduciendo antes las reformas de la Agenda 2000 y llevarlas aún algo más lejos, pueden obtenerse verdaderos logros con respecto a los desequilibrios que aún existen en este sector, garantizando que los agricultores no pierdan. Las exportaciones de la UE serán menos dependientes de las subvenciones, podremos satisfacer las necesidades de nuestro propio sector lácteo, adecuar éste a las reformas generales de la PAC y al proceso de ampliación, y mejorar la relación con los mercados mundiales.
¿Por qué deben reducirse los precios de intervención del sector cerealero?
Para la UE, uno de los grandes exportadores mundiales de cereales, es importante que los precios del mercado interno se aproximen lo más posible a los precios de los mercados mundiales. La experiencia demuestra que pueden producirse grandes fluctuaciones de un año a otro, e incluso dentro de una misma campaña, lo que reduce el margen de exportación. La apreciación del euro frente al dólar acentúa este problema. Por ello, la Comisión cree que la intervención debe servir de auténtica red de seguridad, para lo cual se aplicará una reducción final del precio de intervención de un 5%, esto es, de 101,3 euros/t se pasará a 95,35 euros/t a partir de 2004/05.
Esta reducción del precio de intervención, junto con la supresión de los incrementos mensuales, garantizarán que el trigo y la cebada de la UE sigan siendo competitivos en los mercados mundiales. Conforme a las disposiciones legales vigentes, los pagos compensatorios por cereales y otros cultivos herbáceos relevantes se incrementarán, pasando de 63 euros/t a 66 euros/t.
¿Redundarán las propuestas de reforma de la PAC en una auténtica simplificación?
Las propuestas ofrecen un sistema más simple de ayuda directa a la renta a través de la ayuda única a la renta por explotación. Este planteamiento beneficiará a todas las explotaciones y también a la Administración. En lugar de presentar múltiples solicitudes de ayuda, los agricultores presentarán sólo una, basada en criterios claros. De este modo, podrán concentrarse en ofrecer a la sociedad exactamente lo que espera de ellos, y en lo que han venido pidiendo a la Comisión que les permita hacer, a saber, concentrar sus esfuerzos en la buena gestión de las tierras y no en cumplimentar formularios.
Para las Administraciones públicas, la ayuda a la renta por explotación representa una considerable simplificación de los trámites y los requisitos de control, gracias a la introducción de una ayuda única para los sectores afectados y un único marco de control. Otro efecto positivo de estas propuestas es que facilita el proceso de ampliación. La simplificación del sistema de ayudas facilitará la integración de los nuevos Estados miembros en la PAC.
¿Qué sucederá con otras organizaciones de mercado no reformadas, como son la del azúcar, el aceite de oliva, el tabaco y las frutas y hortalizas?
En los próximos meses, se presentarán propuestas aparte para otros sectores que está previsto reformar (azúcar, aceite de oliva, tabaco, algodón y, posiblemente, frutas y hortalizas).
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