La Comisión ha publicado el informe anual sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades y la lucha contra el fraude para el año 2005. Se trata de un ámbito de responsabilidad compartida entre la Comisión Europea y los Estados miembros. El informe hace un balance global positivo del enfoque estratégico global para el período 2001-2005. Por lo que se refiere a 2005, el informe hace especial hincapié en las medidas adoptadas tanto por los Estados miembros como por la Comisión para mejorar la eficacia de la lucha contra el fraude. Presenta asimismo las estadísticas sobre los casos de irregularidades comunicados por los Estados miembros. Entre los elementos destacados del informe cabe mencionar la continua mejora constatada en la calidad y la cantidad de las comunicaciones realizadas por los Estados miembros, el aumento del número total de irregularidades en el ámbito de los recursos propios, los fondos estructurales y los fondos PHARE y SAPARD, y una disminución en el ámbito de los gastos agrícolas y los fondos de cohesión.
El balance de las acciones llevadas a cabo en materia de protección de los intereses financieros de las Comunidades durante estos últimos cinco años es satisfactorio. Se han hecho progresos significativos en el ámbito de la legislación, la dimensión judicial penal, la cooperación con y entre los Estados miembros, y la prevención y lucha contra el fraude. Sobre el total de las acciones previstas para el conjunto del período 2001-2005, el 75% se realizaron enteramente antes del 31 de diciembre de 2005, el 9% se realizaron parcialmente en los plazos previstos y siguen actualmente su curso, el 14% se prorrogaron a 2006 y el 10% se han suspendido provisional o definitivamente. No obstante, el refuerzo de la dimensión judicial penal se ha ralentizado a la espera de los resultados del proceso de ratificación del Tratado constitucional.
* Estas estimaciones se basan en la información comunicada por los Estados miembros con relación a los casos en que existen circunstancias que apuntan a la posible comisión de un fraude (pero con respecto a los cuales, normalmente, todavía no se ha adoptado una decisión definitiva) y que deben considerarse con cautela.
** Este porcentaje se calcula sobre la base de la estimación de los recursos propios tradicionales en el presupuesto general de 2005, y no sobre la base de la contabilidad.
El informe presenta cifras detalladas por sector y por Estado miembro. En el ámbito de los recursos propios, el número de casos de fraudes e irregularidades detectados y comunicados (casos relativos a importes superiores a 10.000 euros) aumentó en un 55% con relación a 2004, así como su impacto financiero. Los cigarrillos, el azúcar (volúmenes de exportación) y la industria textil (declaraciones de origen) siguen siendo los productos más afectados.
Para los gastos agrícolas, el número de irregularidades comunicadas disminuyó ligeramente con relación a 2004 (3.193 casos en 2005 frente a 3.401 en 2004), pero su impacto financiero fue mayor. El número y los importes financieros más elevados de irregularidades se comunicaron en el sector del desarrollo rural. El importe medio por irregularidad más elevado se registró en el sector de las frutas y hortalizas.
El número de irregularidades comunicadas en 2005 en materia de medidas estructurales aumentó con relación a 2004, mientras que su impacto financiero disminuyó. El número y los importes financieros más elevados de irregularidades se notificaron con relación al Fondo de Desarrollo Regional Europeo, pero las irregularidades relativas al Fondo Social Europeo se caracterizaron también por un aumento importante con relación a 2004.
Por lo que se refiere a los fondos de preadhesión, el número y la calidad de las comunicaciones experimentaron un aumento. Para PHARE e ISPA, el impacto financiero es superior en 2005; disminuyó en cambio el importe de las irregularidades comunicadas para SAPARD. PHARE es el fondo con un mayor porcentaje de sospechas de fraude.
Antecedentes
La legislación comunitaria obliga a los Estados miembros a comunicar los fraudes y otras irregularidades que perjudican los intereses financieros en todos los ámbitos de la actividad comunitaria. El alcance explicativo de las estadísticas sigue no obstante siendo limitado, en la medida en que la Comisión depende de la comunicación de los casos por los Estados miembros. En las estadísticas que hemos visto es importante distinguir entre fraudes e irregularidades: el fraude se define como una irregularidad cometida intencionalmente y constitutiva de un acto delictivo que solamente el juez puede calificar. El impacto financiero real del fraude sólo puede medirse al término del proceso judicial.
Fuentes
El informe y sus documentos de trabajo – el primero sobre el balance del Plan de acción 2004-2005 y las respuestas de los Estados miembros al cuestionario, las modalidades nacionales de recaudación y la certificación nacional de las cuentas en los Estados miembros, y el segundo sobre las estadísticas en materia de irregularidades comunicadas por los Estados miembros – están disponibles en el sitio Internet de la OLAF:
http://ec.europa.eu/comm/anti_fraud/reports/index_en.html
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