La gestión del agua en este nuevo siglo debe afrontar importantes retos. Una creciente escasez, una intensa competencia por el recurso y una mayor conciencia ambiental cuestionan los principios de desarrollo que han dirigido tradicionalmente la política de agua y que han llevado a la construcción de grandes infraestructuras hidráulicas.
Para abordar estos retos, la reciente Directiva Marco del Agua establece los principios e instrumentos para una política sostenible del agua en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Esta directiva fomenta el uso de instrumentos económicos y establece como objetivo central conseguir un “buen estado ecológico” para todas las aguas europeas.
A este respecto, los Estados miembros deben garantizar que la política de tarifas del agua proporcione incentivos para que los usuarios utilicen de forma eficiente los recursos hídricos y que los distintos sectores económicos contribuyan a la recuperación de los costes.
Es decir, lo que se paga por el agua debe incorporar la amortización de las infraestructuras correspondientes, los costes ambientales provocados e, incluso, el valor del agua en sí misma.
La aplicación del principio de recuperación de costes es un aspecto muy controvertido y supone un importante reto para los países mediterráneos como España, donde tradicionalmente los agricultores han pagado una baja tarifa por el uso del agua. Por ello, en su aplicación, los Estados miembros podrán tener en cuenta los efectos socioeconómicos y las condiciones geográficas y climáticas de la región o regiones afectadas.
Este nuevo marco institucional ha motivado el desarrollo de un modelo de simulación(*), realizado por investigadores de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, liderados por Eva Iglesias, que permite evaluar los impactos socioeconómicos y ambientales que se derivarían de la aplicación de un precio del agua en el regadío español. Esta metodología permite asesorar en el diseño de tarifas teniendo en cuenta su impacto sobre el ahorro de agua, la recaudación, la renta agraria y el empleo, el valor de la producción o el uso de fertilizantes y fitosanitarios.
Los resultados sugieren que, si bien existen importantes diferencias regionales, la implementación de una moderada tarifa sobre el agua de riego podría producir el ahorro de agua en algunas de las zonas examinadas. Sin embargo, la magnitud de los efectos negativos sobre la renta agraria y otros indicadores socioeconómicos, como el empleo, podrían ser importantes dependiendo de la zona analizada y de la tarifa aplicada.
Por otro lado, cabe resaltar que el impacto de la tarifa sobre la calidad de las aguas de retorno es ambiguo, ya que la tarifa fomenta algunos cultivos en los que se produce un mayor empleo de fertilizantes y pesticidas
UPM