Nota de UPA
El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Fernando Moraleda y varios miembros de la ejecutiva federal mantendrán esta tarde una reunión en el Ministerio de Trabajo, con Gerardo Camps, secretario de estado para la Seguridad Social, para analizar el Real decreto ley aprobado por el gobierno en el que se establecen fuertes subidas de las cotizaciones del régimen especial agrario de la seguridad social para agricultores y ganaderos y su desaparición definitiva en un plazo de 15 años. En la reunión, Fernando Moraleda, exigirá al gobierno que retire «el decretazo agrario» y convoque a todas las organizaciones agrarias, sindicatos y partidos políticos para discutir y consensuar una reforma general de este régimen especial que lleva vigente 37 años.
El secretario general de UPA, tiene previsto reunirse también en los próximos días con los grupos parlamentarios (mañana se reúne con el PSOE) para pedirles que estudien plantear un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, si el gobierno no retira antes este Real-decreto ley. La Constitución española posibilita que la solicitud de 50 diputados o senadores, el Defensor del Pueblo o las Asambleas parlamentarias de las Comunidades Autónomas pueden plantear este tipo de recursos.
Para UPA, el gobierno ha abusado de las armas legales de las que dispone con prepotencia y autoritarismo; utilizando, su tramitación por la vía del decreto-ley, sólo prevista en la Constitución en su artículo 86 para casos de extraordinaria y urgente necesidad, situación que en este caso no parece que sea procedente, dado que se está hablando de medidas que empiezan a entrar en vigor en enero del 2004.
Además, UPA cree que la legitimidad de estas medidas es más que dudosa, ya que se ha hecho a espaldas de los más interesados: los agricultores y ganaderos inscritos en el REASS, que pasarán a un régimen distinto de la Seguridad Social en virtud del rodillo legislativo impuesto por la mayoría absoluta del Partido Popular.
Este Real Decreto-Ley va a tener unas repercusiones económicas muy graves para un colectivo de más de 300.000 profesionales de la agricultura y la ganadería, titulares en su mayoría de explotaciones agrarias familiares, ya que va a suponer un incremento de su cotización individual de más de 87,15 €uros mensuales (14.500 pesetas) frente a los 111,20 €uros de media que se pagan actualmente (18.500 pesetas), sin concreción en la mejora de prestaciones. Es decir, el sector agrario pasaría a cotizar unos 372 millones más de €uros al año (62.000 millones de pesetas), pero seguiría estando igual de desprotegido en cuanto a coberturas sociales, teniendo actualmente las pensiones mínimas muy bajas ( 360 €uros mensuales), desigualdad en el trato en la baja por enfermedad, etc…
Para UPA se trata de un caso flagrante de desmantelamiento económico de un sector productivo, propiciado por un Gobierno que demuestra una vez más que lo único que le interesa es el incremento de las cotizaciones y la recaudación monetaria, aunque sea a costa de un colectivo social como el de los agricultores y ganaderos con graves problemas económicos y sometido a una mayor presión impositiva.
Para UPA un sistema de protección como la Seguridad Social debe seguir siendo un sistema solidario y es preciso recordar que en la década de los años 50 y 60, los agricultores y ganaderos españoles llegaron a representar el 50% del sistema productivo nacional y con sus cotizaciones ayudaron solidariamente a que el resto de los sectores mantuvieran un mínimo de prestaciones sociales, no parece razonable que ahora que el sector agrario representa un colectivo minoritario que apenas llega al 7% y que dispone de las rentas más bajas de la economía española vaya a ser víctima de un sistema que durante décadas ha ayudado a mantener.
UPA denuncia la actuación de este Gobierno que legisla y gobierna a espaldas de los ciudadanos, castigando siempre a los sectores más débiles de la sociedad e imponiendo razones exclusivas de tipo económico por encima de cualquier consideración social. También resulta llamativo el total desprecio por llegar a fórmulas de acuerdo y consenso democrático que se deben observar para realizar cambios tan profundos en la normativa y con tanta incidencia para un sector productivo tan importante como es el agrario en España.
UPA ya denunció en su momento la firma del Acuerdo de Pensiones en el que se hablaba de equiparación de regímenes de la Seguridad Social y por tanto, la eliminación del Reass. Ese acuerdo condujo a la sociedad española a un clima de crispación social que suponíamos había frenado la tendencia natural al enfrentamiento permanente con los distintos colectivos sociales que caracteriza a este gobierno. Sin embargo, la publicación de este Real Decreto-Ley disfrazado bajo el epígrafe de «medidas de reforma económica» es una agresión directa a la profesión y actividad agraria de este país.
UPA