En el capítulo tributario, Parias pidió mayor transparencia en la regulación del canon de servicios generales, y expresó la preocupación que genera esta regulación, que «favorece la discrecionalidad de la Administración y permite abusos».
En este sentido, alertó de la difícil situación económica que sufre el regadío, endeudado a largo plazo como consecuencia de las modernizaciones de regadíos acometidas y con unas tarifas eléctricas que «se han duplicado en los últimos tres años tras la desaparición de las tarifas especiales de regadío».
En materia de participación en la gestión de los recursos hídricos, Parias pidió para el regadío mayor representación en los llamados órganos de gobierno, al menos de acuerdo a los parámetros de la legislación estatal. En este sentido, aplaudió que se le dé participación a otros colectivos socioeconómicos que no intervienen en la gestión del agua, pero consideró «mucho más adecuada» que esta participación se ciña a los órganos de consulta y asesoramiento.
Feragua también reclamó en el Parlamento mayores garantías para la preservación del principio de unidad de cuenca, al que «el texto actual no alude expresamente en ningún momento», y sobre el que solicitó una referencia explícita. Asimismo, en materia de aguas subterráneas, Feragua propuso que se permita la sustitución de pozos de aguas privadas –por derrumbamiento o expropiación–, tal como viene aprobando la administración hidráulica estatal.
Además, Feragua ha solicitado que, en caso de restricciones por sequía, la superficie mínima de riego no sea el único criterio de reparto del agua, «ya que los cultivos permanentes deben ser prioritarios en el reparto en dichas circunstancias».
Finalmente, Feragua pidió la inclusión de una disposición adicional nueva que exima a la Cuenca del Barbate del pago de cánones y tarifa de la campaña de riego del 2008, de forma homóloga y consecuente al trato recibido por la cuenca del Guadalquivir ese mismo año y anteriores.
Por su parte, el secretario general de Areda, Fernando Márquez, planteó la revisión de siete artículos, entre ellos, el 47, referente a los ‘bancos públicos del agua, cuya redacción resulta «algo confusa».
Márquez aclaró que se mezclan los conceptos de ‘bancos públicos del agua’, con los Centros de Trasferencias de Derechos del Agua, y los contratos de Cesión de Derechos que, aunque son concepto de «gran similitud hay que destacar sus diferencias».
Además el secretario general de la Asociación de Regantes especificó que el establecimiento de un orden de preferencia entre los destinos de los volúmenes de agua «no es conveniente», ya que dejaría «sin utilidad» a los ‘bancos públicos del agua’.
Márquez también trasladó una enmienda para la ampliación el artículo 49, Utilización de Infraestructuras de conexión intercuencas. En la que manifestó que es necesario dotar de plena eficacia las figuras de los ‘bancos públicos del aguas, y los Contratos de Cesión de Derecho, haciendo lo posible su utilización en cualquier parte del territorio andaluz que cuente con las infraestructuras necesarias de interconexión entre los distintos distritos hidrográficos.
Asimismo, Areda propuso una ampliación del artículo 50, Registro de derechos de aguas y expuso la necesidad de la creación de un procedimiento administrativo para la inscripción de las Zonas Regables de iniciativa Estatal en el Libro de Registro de Aguas Públicas, de modo que las inscripciones contengan «los datos identificativos del aprovechamiento; el volumen máximo anual; la superficie regable; el punto o puntos de tomas; la corriente o acuífero desde donde se realiza la derivación».
El artículo 51, aprovechamientos de aguas subterráneas, también sufrió una propuesta de ampliación desde Areda. Así, Márquez resaltó la necesidad de incluir un procedimiento administrativo específico mediante el que los derechos sobre aguas privadas se conviertan en concesiones de aguas públicas, «siempre que no se aumenten los volúmenes a detraer y adecuando sus dotaciones a las dispuestas en el Plan Hidrológico de la Demarcación para los usos solicitados».
Por último, el Secretario General de Areda finalizó su intervención proponiendo la modificación de parte del artículo 101, Determinación de la cuantía, de modo que el canon sea unitario para todos los usuarios y que la distribución de todos los gastos generales vayan en función de los volúmenes autorizados de agua, aunque siempre con un precio unitario para todos los usuarios.
Europa Press