Nota de UPA
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) insta al Ministerio de Agricultura a que solicite una moratoria en la aplicación del Reglamento de la Unión Europea sobre subproductos cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 1 de mayo. Dicho reglamento obliga a retirar y gestionar adecuadamente los cadáveres de todos los animales de granja prohibiendo su enterramiento como norma general, cosa que hasta ahora sólo ocurría con las especies vacuna, ovina y caprina. Según justifica dicha normativa europea la medida prevista se plantea a partir de una serie de dictámenes del Comité Científico Director de la Unión europea según los cuales los subproductos procedentes de animales no aptos para el consumo humano no pueden entrar en la cadena alimentaria.
UPA acepta la decisión del Comité Científico de la UE como organismo dotado de reconocida independencia pero establece que es el conjunto de administraciones del Estado las que deben poner los medios adecuados y el presupuesto suficiente para adaptarse a la nueva normativa. En este sentido denuncia la falta de responsabilidad del Gobierno español que aún no ha hecho nada para afrontar el nuevo horizonte que se vislumbra.
Las infraestructuras necesarias para recoger y gestionar los cadáveres de todos los animales muertos en explotación no se improvisan de la noche a la mañana, máxime si se considera que las especies que se incorporan en esta medida corresponden a producciones intensivas en las que el número de bajas es importante.
Según los datos que facilitados por el Ministro de Agricultura en el Congreso de los Diputados, y que en opinión de UPA son inferiores a los reales, se estima que como media en un año natural mueren en las explotaciones unos 37 millones de animales de los cuales 34 millones corresponden a ganado aviar, 1.371.000 cabezas al ganado porcino, 116.000 al caprino, 500.600 cabezas de vacuno y 1.088.000 cabezas al ganado ovino aproximadamente. Esto supone una cantidad de subproductos derivados de cadáveres de explotación que ronda la cifra de las 350.000 toneladas.
Dado que ya hay antecedentes de las actuaciones del gobierno en casos similares, UPA se ratifica en su posición y considera que la eliminación y retirada de los subproductos puede provocar problemas de salud pública y por ello se trata de un problema de Estado que debe ser afrontado con medios y presupuesto públicos.
UPA