Tras conocer las intenciones del Ministerio, el pasado 8 de enero de 2009, Greenpeace y WWF España transmitieron a la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, su malestar por no haber sido informados de la reforma de una ley que afecta directamente al medio costero y marino. En el escrito a la ministra, ambas organizaciones reclamaban que el proyecto de Ley General de Navegación Marítima fuera sometido a consulta en el Consejo Asesor de Medio Ambiente (1), aunque la sólo obtuvieron el silencio por respuesta.
“Ni en los peores tiempos de abandono de las políticas medio ambientales nos habíamos encontrado con una situación como ésta” ha declarado Juan López de Uralde, director de Greenpeace. “Nunca pensamos que el retroceso de las políticas de Zapatero fuera tan grande como para que el Ministerio escamoteara el paso de una ley de afección directa al medio natural por el Consejo Asesor de Medio Ambiente”, ha añadido López de Uralde.
La modificación de la Ley de Navegación afectará directamente a la Ley de Costas en tanto en cuanto que permitirá que los propietarios de viviendas (con concesiones de hasta 60 años) situadas en dominio público marítimo-terrestre puedan venderlas, lo que retrasará la recuperación de los terrenos por parte del Ministerio, y desvirtúa por completo el objetivo genuino de la Ley, por lo que, según López de Uralde, “resulta lamentable que el Ejecutivo de Zapatero acabe con todos los esfuerzos de protección de la costa emprendidos en la anterior legislatura y, además, lo haga a escondidas”.
Además, el 22 de enero de 2009, las cinco principales ONG de medio ambiente, Greenpeace, SEO /BirdLife, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra y WWF España, se dirigieron por escrito al Ministerio de Justicia informándole de la necesidad de cumplir con la normativa vigente sobre participación pública y derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente, regulados por el Convenio de Aarhus y Ley 27/2006. Las organizaciones también expusieron la necesidad de contar con las ONG medioambientales para la elaboración de los instrumentos normativos jurídicamente obligatorios de aplicación general que afectan al medio ambiente, como era el caso de la Ley General de Navegación.
1. El objeto del Consejo Asesor de Medio Ambiente es la participación en la elaboración y seguimiento de las políticas ambientales generales orientadas al desarrollo sostenible, y es el lugar de encuentro y participación de los sectores sociales y económicos relevantes. En ningún momento, los grupos ecologistas han podido hacer llegar sus dudas sobre temas de vital trascendencia para el medio marino como la seguridad de la navegación, la lucha contra la contaminación o la seguridad de los buques.
GREENPEACE