Este es el caso de las pesquerías españolas de pez espada, flota NEAF y las pesquerías de NAFO. La normativa española también prevé la cesión temporal de los derechos asignados a los buques o grupos de buques, siempre con el visto bueno de la Administración pesquera.
Según Juan Carlos Martín Fragueiro, esta gestión se justifica en los casos en que el recurso no es suficiente y es necesario garantizar la rentabilidad de las empresas y acomodarse, al mismo tiempo, a las posibilidades de pesca de que dispone cada Estado Miembro.
Sin embargo, el Secretario General de Pesca Marítima ha dejado claro que para la Administración española se trata de un sistema de derechos al uso de una cuota y no de una privatización de las cuotas de pesca. En este sentido, ha indicado que existe al respecto legislación y jurisprudencia sobre unos recursos que son patrimonio del Estado.
Juan Carlos Martín Fragueiro ha precisado que la gestión de las pesquerías sobre la base de derechos de pesca presenta ventajas de índole económica porque permite a los empresarios planificar su actividad en el momento más provechoso, evitando la “pesca olímpica”.
No obstante, este sistema presenta cierta controversia, en relación a los distintos métodos de gestión que aplican los Estados Miembros, en algunos casos de dudosa transparencia o bien al hecho de que la transferencia de cuotas entre empresas podría dar lugar a una concentración excesiva.
El Secretario General de Pesca Marítima ha asegurado que la Administración Pesquera española está dispuesta a participar en el debate que abordará las bondades y defectos de este sistema en el seno de la Unión Europea, como así lo ha solicitado la Comisión Europea en un documento de reflexión presentado al Consejo y al Parlamento europeo.
Precisamente, esta misma semana se ha celebrado en Vigo una reunión sobre la gestión de las pesquerías basadas en derechos de pesca en la que han participado representantes de la Comisión Europea, la SGPM, las Comunidades Autónomas y el sector pesquero español.
En este marco, Juan Carlos Martín Fragueiro ha reiterado que España aportará su propia experiencia, evaluando, conforme a la función social de la riqueza nacional y de acuerdo con los principios de la Ley de Pesca Marítima del Estado y de la propia Constitución, las iniciativas que surjan para impulsar la competitividad y la seguridad de las empresas así como las condiciones socioeconómicas del sector pesquero a medio y largo plazo.
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