La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Castilla-La Mancha ha valorado los objetivos conseguidos desde el encierro hace un año en la sede de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) en Ciudad Real pero matiza que todavía quedan aspectos pendientes de resolver en materia de agua.
La Organización Agraria se ha referido a la crispación social que se vivió el año pasado debido, principalmente, al proceso de incoación de expedientes sancionadores por la apertura de pozos irregulares que obligó a muchos agricultores a cerrar los pozos que, en su día, abrieron para salvar sus cultivos en un periodo de pertinaz sequía.
ASAJA de Castilla-La Mancha entendió que ese no era el camino para solucionar un problema de carácter social y, por esa razón, después de numerosas negociaciones con los anteriores representantes de la administración hidráulica, los dirigentes de la Organización Agraria se encerraron en la sede de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) para solicitar la regularización de los pozos irregulares, la delimitación territorial de los acuíferos y la aprobación del Plan Especial del Alto Guadiana, entre otras medidas más específicas.
Durante este año la Organización Agraria ha conseguido cambiar al equipo de dirección de la CHG lo que ha permitido que la negociación experimente un cambio radical consiguiéndose avances importantes aunque todavía no se ha llegado a una solución que, difícilmente, podrá alcanzarse, si continúa habiendo “gente amenazada”.
Según ASAJA de Castilla-La Mancha, en un año se ha pasado del lenguaje de las sanciones y los cierres de pozos a hablar de la transformación de los derechos de aguas privadas al régimen concesional de aguas públicas, de planes de cultivos, de regularización de pozos, de dotación presupuestaria para el Plan Especial del Alto Guadiana, etc..
No obstante, la Organización Agraria ha señalado que todavía seguirá negociando porque el último borrador del PEAG todavía no contempla ni la posibilidad de otorgar un carné de identidad para cada pozos ni otras medidas que, para ASAJA de Castilla-La Mancha, son irrenunciables, tales como:
– Resolución inmediata de todos los expedientes sancionadores. ASAJA de Castilla-La Mancha solicitará un expediente de lesividad porque se adoptó una medida desproporcionada que no se ha resuelto en el tiempo y atenta al interés general.
– Establecimiento de un mecanismo de legalización con caudales mínimos de todas las captaciones irregulares, especialmente en cultivos leñosos y sociales.
– Creación de un banco de compraventa de derechos de agua entre particulares, con supervisión de la Administración y Comunidad de Regantes.
– Control de todas las captaciones mediante mecanismos adecuados y fiables, su instalación debe ser financiada por la Administración.
– Que el uso del agua no esté ligado a la superficie, lo que significa permitir la posibilidad de dividir y agrupar derechos de agua.
– Que el agua no consumida en una campaña pueda acumularse para ser utilizada en campañas futuras.
– Que no se consideren cambio de las condiciones de la captación las limpiezas, modificaciones de emplazamiento, profundizaciones, etc. Siempre que no exista un aumento de consumo.
– Que se contemple la recuperación del acuífero mediante trasvases externos de 50 hm3/anuales.
ASAJA de Castilla-La Mancha considera fundamental que se incluyan estas demandas para conseguir que el Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) cumpla su principal finalidad que pasa por recuperar los acuíferos sobre-explotados a la vez que garantice la renta de los agricultores.
Es por ello que la Organización Agraria ha pedido el máximo esfuerzo para llegar a un consenso porque sería lamentable que se aprobara un programa de estas características sin el apoyo de la mayor representación de los agricultores y ganaderos.
ASAJA de Castilla-La Mancha confía en que las negociaciones continúen avanzando y que, finalmente, el Plan Especial del Alto Guadiana se apruebe antes de finalice este año.
ASAJA CASTILLA-LA MANCHA