El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha dado la razón a la Consejería de Agricultura de la región por denegar la ayuda para el lino solicitada por Agrícola Hontanilla, S.A, al considerar que el solicitante no acreditó la producción y transformación exigidas para recibir la subvención que solicitó para la campaña 1998-1999.
Según la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, “el sujeto no cumplió las condiciones a las que estaba obligado” para obtener dicha ayuda, es decir, no acreditó la realidad de la producción ni de la transformación.
Así mismo, en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia se dice que el solicitante no presentó documentación que “condujera a corroborar lo que se afirmaba de haber producido o transformado. Únicamente hay una especie de ticket de entrada, folio 27, por una cantidad de kilos escasamente significativa para el total”.
Agrícola Hontanilla, S.A., ubicada en Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), interpuso un recurso contencioso administrativo en septiembre de 2000 contra la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente por haber denegado el pago de la ayuda a lino que solicitaba a la Administración regional.
La ayuda solicitada, y denegada por la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, ascendía a 14.345,77 euros (2.386.936 pesetas). En el expediente se pedía subvención por el cultivo de 20 hectáreas y se adjuntaba un certificado de la empresa transformadora en la que constaba que se habían obtenido 20.900 kilogramos de varilla y 3.103 kilogramos de fibra. Además de que la cantidad de fibra era muy reducida, tampoco se justificaba a qué industria se había vendido, que es uno de los requisitos necesarios para demostrar que la producción se destinaba realmente al objetivo que marca la normativa comunitaria para tener derecho a la percepción de la ayuda.
Como factor añadido, en el recurso presentado por Agrícola Hontanilla, en el que figura como representante Aurelio Rodríguez Perona, se adjuntaban certificaciones de transformación de la empresa Celytex S.A., ubicada en Jadraque (Guadalajara), que fue una de las industrias en la que se detectaron irregularidades tras las inspecciones realizadas por la Consejería de Agricultura en 1999, que provocó el inicio de un procedimiento para la retirada de la autorización como primer transformador de lino textil.
Los funcionarios de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente constataron que faltaba el 60% de la producción, en total dos millones de kilos de lino transformado, tras cotejar el stock de fibra de lino que se detalla en la contabilidad material con el acta del 21 de mayo de 1999 levantada en la planta transformadora que la empresa tiene en Matillas. De ahí que la administración regional pusiera en duda las certificaciones de esta empresa transformadora.
Irregularidades similares fueron constatadas en otras empresas: Plantex de Los Yébenes (Toledo), Colino SL de Almoguera (Guadalajara) y Colisur 2000 SL de Picón (Ciudad Real).
La investigación de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente se inició el 27 de abril de 1999 al existir sospechas sobre el destino de las ayudas comunitarias. Este departamento recibió del FEGA un informe de la Comisión Europea en el que se señalaba que se habían constatado prácticas encaminadas a “la caza de la prima” y se pide a las autoridades españolas que presten una especial atención a este tema.
Además, diversos medios de comunicación publicaron noticias relativas a las subvenciones del lino, en las que se implicaba a altos cargos del Ministerio de Agricultura en el cobro de las ayudas, cuya titular en ese momento es Loyola de Palacio. En concreto, se citaba al director general del FEGA, Nicolás López de Coca; al directoer económico-financiero de la empresa pública MERCASA, Gonzalo Ruiz Paz; al delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Carlos Moro; y al director general de Ganadería del MAPA, Quintiliano Pérez Bonilla.
Por último, empiezan a surgir incendios sospechosos en algunas industrias transformadoras. Ante la gravedad de estos hechos, la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente decidió hacer un análisis exhaustivo de los expedientes antes de proceder al pago de las ayudas de esa campaña.
El fraude también fue investigado por la Fiscalía Anticorrupción, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y la Comisión Europea, y todos ellos constataron la existencia de estas irregularidades. De hecho, la Comisión Europea exigió a España la devolución del 100% de las ayudas al lino dfurante las campañas 96-97, 97-98 y 98-99.
JCCM