Nota de UPA
Aunque tanto el Congreso como el Senado habían aprobado la ratificación, el Ejecutivo anterior había paralizado inexplicablemente el proceso, al no remitir a Naciones Unidas el instrumento de ratificación.
Firman: Amigos de la Tierra, Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), Científicos por el Medio Ambiente (CiMA), CCOO, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/Birdlife, UGT, Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y WWF-Adena
Estas organizaciones piden al nuevo Gobierno que incluya a los agentes sociales en el Plan de Acción que elaboren para aplicar el Convenio y eliminar los COP a nivel estatal. Además, aunque el anterior Ejecutivo logró que Europa admitiese mantener la producción de DDT en España hasta 2014 en el Reglamento europeo que transpone Estocolmo, el nuevo Gobierno debería revisar la política mantenida hasta ahora en relación a este contaminante.
De la “docena sucia” de sustancias que prohíbe esta regulación, los que más deben preocupar en estos momentos a España son el DDT, los PCB y las dioxinas y furanos, puesto que aún están presentes en nuestras vidas y nuestro entorno. Según Miquel Porta, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y presidente de CiMA (Científicos por el Medio Ambiente), a pesar de los escasos estudios disponibles en España sobre presencia de COP en seres humanos y alimentos, «entre un 80 y un 100% de la población española tiene concentraciones detectables de COP, como el DDE (producto de degradación del DDT) o los PCB». Además, «diversos estudios españoles indican que muchas muestras de carne, pescado, huevos, leche, mantequilla, queso y cereales contienen residuos de DDE, PCB, hexaclorobenceno, lindano y otros COP».
Consumidores, ecologistas, sindicatos y científicos demandan además a los Gobiernos estatal, autonómicos y municipales que, cada uno, en la medida de sus competencias, establezcan los mecanismos adecuados para impulsar la investigación sobre el estado de la contaminación por COP en España, para garantizar la difusión de información fiable, para desarrollar sistemas de inspección adecuados y para promover alternativas más seguras y respetuosas con el medio ambiente.
El Convenio de Estocolmo es la única herramienta legal global capaz de proteger tanto al medio ambiente como a los ciudadanos frente a la amenaza de unos compuestos que se caracterizan por su elevada toxicidad y por su capacidad de perdurar en el tiempo sin degradarse. Entre otros efectos, los COP son cancerígenos, alteran los sistemas reproductor e inmunológico, provocan trastornos en el desarrollo de los niños y son disruptores endocrinos (alteran el sistema hormonal). Sus posibles efectos sobre la salud -incluso a dosis bajas- son causa de constante preocupación en la comunidad científica internacional.
Hasta el momento, de los 150 países que han firmado el Convenio de Estocolmo 64 ya lo han ratificado. Dado que era necesaria la ratificación de al menos 50 países, el Convenio no entró en vigor hasta el pasado 17 de mayo
UPA