La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), es partidaria de mantener la actual moratoria de hecho sobre la concesión de permisos para nuevos organismos genéticamente modificados (OGM) y por tanto apoya la decisión tomada por el Consejo de Ministros de Medio Ambiente celebrado ayer en Luxemburgo. La moratoria a la autorización de nuevos OGM en la UE está vigente desde 1998 y existen 13 peticiones de permiso para nuevos transgénicos. UPA lamenta que el Gobierno español esté en contra de la moratoria actual y no apoye a la mayoría de países que demandan una garantías previas de etiquetado, trazabilidad y responsabilidad antes de autorizar nuevas variedades transgénicas.
UPA no es favorable a levantar esta moratoria hasta que no existan plenas garantías de trazabilidad, de un etiquetado completo y claro que permita identificar de una manera perfecta los alimentos tanto para uso humano como animal que contengan o provengan de OGM, de una norma que regule la responsabilidad de las empresas en el sector biotecnológico en casos de daños a la salud o al medio ambiente, de una evaluación científica y completa de riesgos y de la aplicación del principio de precaución.
Por tanto, la moratoria actual se debería prorrogar hasta que se den los siguientes hechos:
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Entrada en vigor de la nueva Directiva 2001/18/CE aprobada en febrero de este año, es decir, cuando todos los Estados miembros la hayan transpuesto a su derecho interno.
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Aprobación de las propuestas de reglamento actuales sobre rastreabilidad/ etiquetado de OGM y nuevos alimentos/piensos.
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Aprobación de las futuras propuestas de la Comisión:
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Propuesta de modificación de la legislación relativa a las semillas por la que se introducirán criterios de pureza relativos a la presencia accidental de indicios de OGM en lotes de semilla convencionales y los requisitos de etiquetado para las semillas de OGM
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Propuesta relativa a la evaluación del riesgo medioambiental en relación con las variedades vegetales modificadas genéticamente.
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Propuesta de Directiva relativa a la prevención y la restauración de perjuicios medioambientales serios con objeto de incluir los perjuicios causados por los OGM .
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Una propuesta de instrumento jurídico que incorpore las disposiciones del Protocolo sobre bioseguridad.
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UPA también reclama mejorar la transparencia en la información sobre OGM: las evaluaciones de riesgos deben ser públicas, los procedimientos de autorización transparentes, y sobre todo la necesidad de constituir un órgano de carácter consultivo sobre estos temas en el que puedan participar lo agentes socioeconómicos implicados.
UPA