La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA-Andalucía) considera que sólo a través de la unidad sin fisuras de Administraciones y sector se podrá alcanzar una nuevo régimen de ayudas al algodón favorable a nuestros intereses, después de que el Tribunal de Justicia de Luxemburgo haya anulado la última reforma comunitaria aprobada en 2004. Por ello, aboga por reeditar los pactos suscritos por todos los agentes económicos y sociales en las Mesas Nacional y Andaluza del Algodón, al tiempo que insta a las fuerzas parlamentarias a rubricar con el sector un auténtico Pacto de Estado en defensa del cultivo para evitar la desvertebración del medio rural en el Valle del Guadalquivir, que sería el principal perjudicado.
El nuevo Reglamento, tal y como defendimos en la reunión mantenida el pasado martes en Sevilla con el MAPA, la Consejería de Agricultura y el sector, tiene que mantener la ayuda acoplada con un importe y nos criterios que permitan la viabilidad y rentabilidad del cultivo, así como de la industria desmotadora. 10.000 explotaciones, un millón de jornales y el futuro de un centenar de pueblos de Cádiz, Sevilla, Córdoba y Jaén están en juego.
De otro lado, y según ha podido saber UPA-Andalucía de fuentes comunitarias, el proceso para preparar el nuevo reglamento será impulsado personalmente por la Comisaria de Agricultura, Mariane Fischer-Boël, quien podría dar a conocer durante la próxima semana un calendario de actuaciones para poner en marcha la futura reforma. UPA-A muestra su profunda preocupación ante un proceso que la Comisión Europea presume largo y por la intención de la UE de prorrogar los términos de actual normativa, a pesar de quedar anulada por el Tribunal de Justicia Europeo, a la próxima campaña, lo que sería desastroso para Andalucía, que ha acumulado pérdidas de 60 millones de euros durante el primer año de aplicación de la misma.
UPA-A