Nota de UPA-A
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Andalucía tiene una vez más que denunciar las graves consecuencias que el Anteproyecto de Ley de Arrendamientos Rústicos ocasionaría sobre el campo andaluz, frenando la incorporación de los jóvenes a la actividad agraria y ganadera. El arrendamiento de tierras es en la actualidad la vía más utilizada por los jóvenes para iniciarse en la profesión agraria.
Ya a mediados del pasado mes de mayo, la organización alertó acerca de las intenciones del Ministerio de Agricultura de llevar a cabo reformas en la actual normativa de arrendamiento rústico, con el objetivo, según manifiesta, de dar un paso más en la liberalización del mercado de la tierra. Entonces, UPA tuvo que recordar a Arias Cañete que antes de poner en marcha medidas como las barajadas en el anteproyecto presentado, hay que conocer de cerca los criterios de aplicación de la PAC.
Entre los cambios más sustanciales planteados están la supresión del requisito de “profesionalidad”, aspecto que podría derivar en la especulación de la tierra de cultivo como inversión, con el objetivo de acaparar subvenciones, y por tanto la proliferación de los denominados “cazaprimas”, a los que lo único que les interesa de la tierra son las ayudas comunitarias de las que son susceptibles.
En este mismo sentido, es totalmente inaceptable la medida que suprime el tope cuantitativo permitiendo a partir de ahora la acumulación de tierras. El citado tope fue establecido por la Ley de 1980, aún en vigor, y que en el punto primero del artículo 18 disponía que no podían ser arrendatarios de fincas rústicas las personas físicas que, por sí o por persona física o jurídica interpuesta, sean ya titulares de una explotación agraria cuyas dimensiones superen las 500 hectáreas de secano o 50 de regadío. Este apartado garantiza la apuesta por un modelo de Agricultura basado en la pequeña y mediana explotación, que son los “verdaderos profesionales” que viven en el medio rural, frente a los “cazaprimas”, ajenos a la actividad agraria.
Otra de las reformas que más preocupan a UPA-A, y que fue denunciada con anterioridad, es el recorte del periodo de arrendamiento de cinco a tres años. Debe tenerse en cuenta que la apuesta de la Unión Europea es el fortalecimiento del Segundo Pilar de la PAC –es decir, el Desarrollo Rural-, y para ello todas las medidas de acompañamiento se ejecutan en un periodo de cinco años, con lo que acortar el compromiso de arrendamiento sería romper con el criterio de la Unión en este sentido y hacer inviable cualquier proyecto del agricultor arrendado.
En el estudio del citado Anteproyecto, UPA-A extrae otras reformas que considera van en contra del pequeño y mediano agricultor, como es la regulación de gastos y mejoras, considerando mejora obligatoria la que venga impuesta por acuerdos de las Comunidades de Regantes, en beneficio de la modernización. En ningún caso, el arrendatario debe ser quien financie unas obras de modernización que, finalmente, serán obras de mejora de la finca, y que por tanto corresponden al propietario de la misma.
Es intolerable que se ponga en marcha una reforma de esta envergadura sin haber mantenido negociaciones previas con las organizaciones profesionales agrarias. El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha demostrado una vez más con este Anteproyecto que su actuación busca el beneficio de unos pocos, la gran patronal, frente al resto del sector, los pequeños y medianos agricultores y ganaderos, que representan el 90% de las explotaciones de Andalucía. Buena prueba de ello es que la organización que representa a los primeros ya ha hecho público su beneplácito a estas reformas.
Upa-A