Nota de prensa de UPA
UPA exige que los ministerios implicados –Sanidad, Medio Ambiente, Agricultura e Interior, este último a través del Seprona- soliciten una moratoria de la normativa europea y una moratoria en el ámbito nacional que garantice que no se impondrán sanciones a los ganaderos que no lo puedan cumplir, ya que su aplicación es imposible por falta de infraestructuras.
El Ministerio de Medio Ambiente reconoce que el reglamento de subproductos que entro en vigor el 1 de mayo y que obliga a “retirar y gestionar adecuadamente” los cadáveres de todo los animales de granja, prohibiendo su enterramiento como norma general –cosa que hasta ahora sólo se aplicaba a vacuno, ovino y caprino-es imposible de cumplir por los ganaderos.
Tras la reunión mantenida ayer entre las organizaciones agrarias y los responsables de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, este departamento solicitó a los sindicatos agrarios propuestas técnicas para encontrar una salida a la actual situación, al tiempo que aseguraron “compartir” la preocupación del sector.
UPA considera que el reglamento comunitario que entró en vigor el 1 de mayo es imposible de gestionar por la Administración debido a la falta de infraestructuras y por lo tanto de imposible cumplimiento por los ganaderos. Hasta ahora la única respuesta del Ministerio de Agricultura fue comprometerse a “estudiar la implantación de un seguro” que cubra la recogida y eliminación de cadáveres, lo que UPA considera una auténtica chapuza, ya que parece evidente que sectores como el porcino o el avícola no pueden sufragar más costes adicionales a través de seguros.
El MAPA pidió a la Comisión Europea una prórroga de la vigencia y legalidad de los enterramientos que venían haciendo los ganaderos en fosas sépticas. Al no obtenerla, se desentendieron de sus obligaciones, en una muestra más de la nula gestión política del ministro Cañete. La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental reconoce que no han participado en la negociación de este reglamento.
Como medidas generales, UPA exige a los ministerios implicados que pidan una moratoria de la normativa comunitaria y una moratoria también a nivel nacional, para lo que han de coordinarse todas las Administraciones implicadas. La organización solicita garantías de que los ganaderos no sufrirán sanciones por este concepto, ya que no pueden cumplirlo mientras no se pongan en marcha las infraestructuras necesarias para poderlo hacer. Parece evidente que no se pueden suscribir normativas de imposible cumplimiento.
A nivel concreto, UPA ha puesto sobre la mesa los tres grandes problemas generados por esta normativa: faltan al menos 1.300 crematorios móviles en España para que este reglamento sea aplicable; es necesario que se pongan en marcha actuaciones urgentes para evitar posibles problemas sanitarios: los camiones de recogida de cadáveres no pueden circular de granja en granja sin ningún control, y es imprescindible no generar problemas económicos mayores a las ganaderías: la idea de Cañete de “estudiar la implantación de un seguro” es sencillamente intolerable.
UPA