UPA considera que el mantenimiento de la actividad agraria tradicional es un requisito esencial para el equilibrio del medio ambiente y la gestión del territorio, en especial en numerosas zonas desfavorecidas, así como en zonas de agricultura extensiva y áreas de montaña, lugares donde el despoblamiento es cada vez más preocupante e incide de manera directa en un abandono de dicha gestión territorial. Las diferentes políticas emanadas de la PAC vienen regulando una serie de normas con distintos requisitos en relación a la protección medioambiental (condicionalidad de las ayudas, requisitos mínimos medioambientales, código de buenas prácticas agrarias, medidas agroambientales) que orientan, regulan y condicionan la actividad agrícola y ganadera a través de los diferentes tipo de ayudas e incentivos para lograr unas pautas acordes con los objetivos ambientales perseguidos, aunque en muchos casos primando la actitud prohibitiva y penalizadora frente a la formativa y de sensibilización.
De cara a la futura Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (EEDS), UPA apoya en términos generales gran parte de los planteamientos recogidos, en cuanto al sector agrario se refiere, entre los cuales se destacan los siguientes:
a) el enfoque integrador de la dimensión económica, social y ambiental de la sostenibilidad del desarrollo, manteniendo como objetivos garantizar la prosperidad económica, asegurar la protección del medio ambiente y fomentar una mayor cohesión económica
b) plantear la agricultura en general y al regadío en particular como una actividad vertebradora del territorio y del desarrollo rural
c) considerar que para la conservación de la biodiversidad se debe atender a la gestión de tradicional de los ecosistemas y la cultura agraria, y que para ello resulta imprescindible promocionar e impulsar la contribución del desarrollo rural a su conservación a través de ayudas agroambientales
d) la necesidad de potenciar la modernización de regadíos con objeto de mejorar su eficiencia y el ahorro de agua.
e) Considerar al sector agrario como uno de los más afectados por los efectos del cambio climático y por tanto la necesidad de integrar la adaptación al cambio climático en la planificación del sector agrario a través de una serie de incentivos recogidos en un marco de actuación. En este sentido se consideran a los cultivos energéticos como una alternativa para el desarrollo sostenible en el medio rural.
f) Reconocimiento de que los problemas de erosión y degradación del suelo, así como de los incendios forestales son debidos en gran parte al abandono de actividades agrícolas y ganaderas.
Sin embargo UPA quiere hacer constar la necesidad de dar un mayor énfasis en la EEDS a las siguientes cuestiones:
- Mayor reconocimiento del trabajo multifuncional del agricultor y ganadero (función de producción de alimentos, función de gestor del territorio y función social de contribución a la viabilidad de las áreas rurales), y que el desarrollo sostenible en la actividad agraria ejercida en el medio rural pasa por un equilibrio entre las funciones económicas (rentabilidad de la actividad), ambiental y social.
- Es necesario potenciar la “dimensión social” dentro de la EEDS en cuanto al sector agrario se refiere. En este sentido UPA propone que se valorice especialmente la labor de las pequeñas y medianas explotaciones de carácter familiar en aras a favorecer un desarrollo sostenible en el medio rural y como principales gestores del territorio.
- En materia de recursos hídricos UPA plantea:
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- La necesidad de reforzar el control público del uso y calidad del agua, con medidas tales como la potenciación de los bancos públicos del agua al mismo tiempo que se derogue la “compra-venta” de derechos de concesión de agua.
- Incrementar la participación y corresponsabilidad de los usuarios dando una mayor presencia a las organizaciones sociales, en especial las agrarias, en los organismos de cuenca y promoviendo una mayor “democratización” en las comunidades de regantes.
- Incluir determinados criterios socioeconómicos en las futuras modificaciones del régimen tarifario, tales como la dimensión económica de la explotación, rentabilidad de cultivos, ahorro de agua, etc.
- Incluir consideraciones de índole social ante restricciones motivadas por sequías, sobreexplotación de acuíferos, etc.
Por lo que respecta a los usos del suelo y ordenación del territorio UPA propone:
- Con objeto de valorizar de manera adecuada la labor de gestión del territorio que ejercen los agricultores y ganaderos es preciso que se priorice con incentivos u otros apoyos públicos exclusivamente a los agricultores y ganaderos que realicen actividades sostenibles, tengan su actividad principal en el sector agrario y que tengan su residencia en el medio rural.
- Un objetivo principal debe ser lograr el acceso a bienes y servicios para los habitantes del medio rural en el mismo nivel al que disponen en el medio urbano.
En lo referente a la biodiversidad es preciso que se garantice una dotación financiera con objeto de establecer compensaciones para aquellos agricultores y ganaderos que vean reducidos sus ingresos a causa de limitaciones en su actividad tradicional impuestas por planes de gestión de la Red Natura o de espacios naturales protegidos.
En definitiva UPA apuesta por una agricultura y ganadería basada en un desarrollo sostenible y cuyos objetivos sean el garantizar su rentabilidad económica, asegura la protección del medio ambiente, y fomentar una mayor cohesión social y territorial, siempre desde la perspectiva de la explotación familiar.
Para que estas demandas se recojan en la Estrategia Española de Desarrollo Rural, UPA considera con carácter general la necesidad de continuar con el período de consultas y debates con una mayor profundidad y tiempo, en las que participen las diversas organizaciones sociales, económicas y ambientales antes de la aprobación de la EEDS. Tambien resulta imprescindible reelaborar el borrador de EEDS con el fin de dotarle de una estructura más clarificadora en cuanto a los apartados de diagnóstico, objetivos, actuaciones e indicadores y por último UPA demanda la creación de una Comisión de Seguimiento y Evaluación en la que participen las diferentes organizaciones representantes de la sociedad con ámbito estatal.
UPA