La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), ha elaborado un informe en el que analiza los Presupuestos Generales del Estado para el año 2002 en lo que afecta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. UPA considera estos presupuestos claramente insuficientes e ineficaces para resolver los graves problemas que tienen actualmente los agricultores y ganaderos españoles y no plantea ninguna actuación relevante para mejorar la situación del sector en un futuro que se presume incierto y preocupante.
UPA denuncia, asimismo, la actitud irresponsable del Gobierno y del Ministro de Agricultura, que ha reducido en el 11% las partidas presupuestarias destinadas a mejorar la calidad y la seguridad alimentaria, en un momento en que en la sociedad se están debatiendo con fuerza estos temas que además van a condicionar toda la política agraria europea en los próximos años.
En la misma línea de clara dejación de funciones, el Ministerio de Agricultura reduce drásticamente el presupuesto para medidas de apoyo y erradicación de la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), cuando la crisis no sólo no ha terminado sino que es previsible que se incrementen los casos de forma muy importante según vaticinan todos los expertos, incluida la Comisión Europea. Esta actuación contrasta con el nivel de gasto comprometido para el 2001 que según datos oficiales alcanza 61.000 millones de pesetas para paliar los efectos de la crisis de las vacas locas. En el capítulo de sanidad de la producción ganadera se contempla un gasto de 1.000 millones de pesetas en análisis de Encefalopatías Espongiformes de Transmisión (ETTs), gasto impuesto por la Comisión en las distintas directivas que desarrollan la lucha contra la EEB, este gasto no supone ningún incremento en este capítulo sino que se hace a costa de disminuir el presupuesto de la sanidad animal.
El MAPA no contempla partida presupuestaria para la eliminación de harinas de origen animal, materiales específicos de riesgo, indemnizaciones para ganaderos, traslado de animales muertos en la explotación, etc.. Todo el problema lo resuelve con un seguro privado que debe de correr a cuenta de los ganaderos. El plan de reordenación del sector vacuno de carne sólo contempla la recompra de 14.000 derecho de vaca nodriza, lo que supone tan sólo un 1% del conjunto de derechos, porcentaje ridículo si de lo que se habla es de reestructurar un subsector económico tan importante en España como el vacuno de carne. La experiencia en otros casos de crisis alimentarias siempre se han resuelto con presupuestos públicos, por lo que resulta irresponsable por parte del Gobierno elaborar unos presupuestos que no tienen en cuenta una crisis como la de las vacas locas que va a perdurar durante bastante tiempo, como está sucediendo en países como Reino Unido o Francia donde los presupuestos al contrario que en España se han incrementado.
Para UPA resulta evidente que el Ministerio de Agricultura carece de una política de calidad y seguridad alimentaria y renuncia a actuaciones activas de promoción de los productos agroalimentarios españoles. UPA considera necesario un incremento sustancial del presupuesto destinado a ambos conceptos para que España no pierda el tren del resto de Europa.
En los Presupuestos del MAPA para el 2002 se produce una reducción del 26 % respecto a las medidas de acompañamiento (jubilación anticipada, ayudas agroambientales, ayudas para zonas de montaña y desfavorecidas y reforestación), que pasan de un volumen de 21.091 millones de pesetas en el 2001 a 16.179 millones de pesetas en el 2002. Esta reducción de 5.000 millones de pesetas, al ser medidas cofinanciadas, significa que España dejará de percibir 15.000 millones de pesetas de Bruselas.
UPA