Posteriormente será publicado en el Boletín Oficial del Estado. Desde UPA se recuerda que dicho certificado se estableció en enero de 2001, como forma de eximir al gobierno del Partido Popular de sus responsabilidades relacionadas con su nefasta gestión de la crisis de las vacas locas en España.
UPA lleva seis años haciendo múltiples gestiones encaminadas a la consecución de este objetivo (impulsó una iniciativa parlamentaria, gestiones con Ministerios de Agricultura, Sanidad, Vicepresidencia del Gobierno, Agencia Española de Seguridad Alimentaria.. etc). Para la organización nunca hubo argumentos técnicos que justificaran el mantenimiento de esta medida que constituyó durante seis años un impuesto revolucionario para los ganaderos españoles.
UPA considera positiva aunque tardía la medida anunciada por el Presidente del Gobierno y reitera que el certificado veterinario no aporta garantía sanitaria alguna de la carne consumida. De hecho muchas certificaciones se hacían sin visitar a los animales y además a la carne importada no se le exigía dicha certificación.
UPA aclara que lo que realmente aporta garantía sanitaria de la carne que consumimos no es el certificado veterinario sino los procesos a que están sometidos los animales y la carne a lo largo de toda la cadena cárnica, desde la granja al consumidor. Estamos hablando de la Guía de Origen y Sanidad pecuaria expedida por los Servicios Veterinarios Oficiales, la inspección “ante mortem” a cargo del veterinario oficial en el matadero antes del sacrificio del animal, la retirada de los Materiales Especificados de Riesgo (MER) en los mataderos y salas de despiece, el test de detección de la EEB a aquellos animales que la legislación establece y la adecuada trazabilidad de las canales hasta el consumidor final.
UPA reitera una vez más el enorme alcance positivo de esta medida que apoya de manera significativa a las pequeñas y medinas explotaciones de vacuno, ovino y caprino de nuestro país.
UPA