UPA denuncia la mala gestión de los mataderos y de las oficinas comarcales agrarias

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos(UPA), ha recibido en las últimas semanas numerosas quejas de ganaderos que denuncian la mala gestión que se está realizando por parte de diversos organismos y entidades de la prima al sacrificio de bovinos y que pone en grave riesgo el cobro de la misma a pesar de que los ganaderos han presentado la documentación correspondiente en la fecha y plazos previstos en la legislación vigente.

Se da la situación de que bien porque el matadero no ha realizado la notificación al órgano competente de la comunidad autónoma o bien por el hecho de que no se han realizado las grabaciones de los sacrificios en las Oficinas Comarcales Agrarias (OCAs) antes del 28 de febrero, muchos ganaderos pueden quedarse sin cobrar, debido a que el artículo 14 del R.D 138/2002, de 1 de febrero, establece que "todos los animales sacrificados en España durante un año natural deberán constar en el servidor central de la base de datos del sistema de identificación y registro de bovino, a más tardar el 28 de febrero del año siguiente".

Para UPA, los ganaderos de vacuno españoles quedan una vez más en una situación de indefensión jurídica absoluta y sus ingresos dependerán del buen o mal funcionamiento del matadero donde sacrifican sus animales y de la actuación de los funcionarios de la OCA que le corresponda.

Ante esta situación, UPA insta al Ministerio de Agricultura y en concreto a la Dirección General de Ganadería a que velen por un correcto funcionamiento de los mecanismos de gestión de las primas al sacrificio. UPA solicita además que se pongan en marcha medidas sancionadoras para aquellos mataderos que no cumplen con la obligación de emitir la notificación de sacrificio a la autoridad competente de acuerdo con lo que dicta el Real Decreto de ayudas al vacuno para este año.

En cuanto al proceso de grabación de los datos en las Oficinas Comarcales Agrarias, aparte de dotar a las mismas de más personal sería bueno suprimir en la normativa española la fecha máxima del 28 de febrero que no está vigente en la legislación europea.

UPA

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