Nota de prensa de UPA
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), ha recibido denuncias de ganaderos de distintas zonas de España, que están siendo visitados en sus explotaciones por agentes de la Guardia Civil, adscritos al SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza) que les comunican que ya no pueden realizar el enterramiento en la explotación de animales que mueren en la granja, y les advierten que la próxima vez serán sancionados con fuertes multas. El citado reglamento comunitario que entró en vigor el pasado 1 de mayo obliga a retirar y gestionar adecuadamente los cadáveres de todos los animales de granja prohibiendo su enterramiento como norma general, cosa que hasta ahora sólo ocurría con las especies vacuna, ovina y caprina.
UPA considera inadmisible la actuación del Gobierno, que no ha hecho nada para afrontar los graves problemas que iba a generar la aplicación de este reglamento, ya que no se han puesto en marcha las infraestructuras necesarias y el coste económico es inasumible para los ganaderos. La organización estima en 0,36 euros por kilo el precio medio del transporte e incineración de los animales.
El Ministerio de Agricultura se ha comprometido únicamente a estudiar la implantación de un seguro que cubra la recogida y eliminación de cadáveres, lo que UPA considera una auténtica «chapuza», pues resulta evidente que el sector productor porcino y avícola no puede sufragar más costes adicionales a través de seguros. Para UPA resulta especialmente grave que el Gobierno no haya hecho absolutamente nada para que se retrasase o modificase una normativa que es imposible que los ganaderos españoles puedan cubrir por su cuenta y riesgo desde su entrada en vigor el pasado 1 de mayo. Es incomprensible que el MAPA pida a la Comisión Europea la prórroga en la vigencia y legalidad de los enterramientos y cuando no la obtiene se desentienda completamente de sus obligaciones.
Ante una situación de hechos consumados, el MAPA utiliza a la Guardia Civil contra los ganaderos amenazando con multas y expedientes, como ya sucedió en la crisis de las vacas locas, confirmando su irresponsabilidad y la nula gestión política del ministro Arias Cañete. UPA considera que debe ser el Ministerio de Agricultura el que ponga en marcha un sistema gratuito de recogida de cadáveres porque se trata de un tema muy serio relacionado directamente con la seguridad y la salud alimentaria de los consumidores.
La organización exige que se suspendan de inmediato las inspecciones y visitas de los agentes del SEPRONA a las explotaciones ganaderas y vuelve a reiterar su petición de que se paralice temporalmente la normativa comunitaria mientras no se pongan en marcha las infraestructuras necesarias para poder cumplirla.
UPA