El proceso se inició en 1992 cuando la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos planteó una denuncia ante la Dirección General de la Competencia porque en la campaña 1991/92 se había detectado que las industrias pagaban el mismo precio en origen, según ha detallado Santalla, ‘un precio único bajísimo de unas 36 o 40 pesetas, que implicó que muchas ganaderías se arruinaran’.
Fuentes de UPA han explicado, que tras una larga investigación de cinco años, finalmente en 1997 el Tribunal de Defensa de la Competencia condenó a 48 empresas y a la Federación de Industrias Lácteas (FENIL) a pagar una multa global de 7,3 millones de euros (1.200 millones de las antiguas pesetas).
Todas las empresas presentaron un recurso en la Audiencia Nacional que en 2002 ratificó la sentencia del Tribunal de Defensa de la Competencia. Más tarde tuvieron la posibilidad de recurrir en casación ante el Tribunal Supremo que finalmente lo ha rechazado y les obliga al pago de la multa y a los costes del proceso.
Tras esta resolución, Santalla apunta que aunque ahora la situación es diferente y se está mejor que en esos momentos, la industria “tiene tendencia a ponerse de acuerdo e imponer precios al sector”, especialmente en España por parte de los empresarios franceses, mientras que en el país vecino asegura que lo acuerdan todas las partes.
Además ha reconocido que somos deficitarios y que España necesita la entrada de un 40 por ciento de leche francesa para su consumo interno, aunque no tolera que esta partida de leche francesa sea importada a un precio por debajo de su coste de producción. “Francia produce para su consumo y además invade nuestro país, ganan cuota de mercado e introduce sus industrias”, ha denunciado.
La solución para el responsable de Ganadería de UPA pasa por, desde el ámbito político, negociar con Francia para que se respeten los mercados y desde el ámbito estructural, hacer un Plan integral de apoyo para el sector.
En cuanto al aplazamiento del paro en la entrega de leche convocado en Galicia, Santalla ha defendido la voluntad del sector productor y ha recriminado a las industrias que no estén negociando de “forma sana”. Sin embargo, se ha mostrado confiado en que en 15 días la gestión de las OPAS, MAPA y Xunta permita alcanzar un acuerdo para que se desconvoque la huelga y “se ponga finalmente cabeza al sector”, ha dicho
COAG-IR MURCIA