El año agrario 2004 se cierra, una vez más, con descensos en la renta del sector y con un fuerte recorte de las estructuras productivas y el empleo, incluida la desaparición de 50 explotaciones diarias; todo ello acompañado en esta ocasión por una reducción de más de 1.300 millones de euros en las ayudas de la Política Agraria Común, según se desprende del amplio balance de la actividad agraria durante 2004 realizado por los servicios técnicos de UPA.
En el caso de la renta agraria, la evolución a precios constantes se traduce en un descenso del 0,06% respecto al año anterior –a pesar de que el Gobierno afirme que se ha registrado una subida del 3,7% a precios corrientes–; mientras que los precios percibidos por los agricultores y ganaderos han descendido un 1% y los precios de los costes de producción han subido de media más de un 5%, sin que el gobierno haya tomado iniciativas o medidas eficaces de apoyo, para solucionar una situación que se viene agravando en los últimos años.
En cuanto a los resultados por sectores, los cereales incrementan su producción en mas de un 20% y el aceite de oliva en más de un 60%. En el otro extremo se encuentran las frutas con un descenso de más del 10% consecuencia de las heladas tardías de principio de primavera. En producción animal es preocupante la evolución negativa que ha experimentado el precio del vacuno y de los huevos a la vez que es de destacar la recuperación del porcino y de la leche. En el capitulo de inputs agrarios sobresale el incremento del precio en el capitulo de energía y lubricantes del 10%, de piensos en torno al 6%, lo que nos lleva a un incremento general del 8%.
UPA ha realizado un análisis con detalle de la evolución de la renta agraria a precios constantes con referencia desde al año 1990, donde destacan dos periodos muy diferenciados: de 1992 a 1998 hay un crecimiento muy importante de la renta agraria a precios constantes, mientras que a partir de 1998 se registra una muy preocupante desaceleración que solo es compensada por la perdida de activos agrarios en la renta agraria a precios constantes por UTA (Unidad de trabajo /año).
Para UPA los datos reales de la evolución de la renta por UTA solo tienen valor si se basan en el análisis concreto y detallado de la población activa agraria. La evolución desde 1990 es muy preocupante ya que se ha producido una reducción de los activos de casi un 40% en 14 años. Sólo durante 2004 se perdieron 50 explotaciones agrarias cada día, mientras la media de los últimos 14 años ha sido de 12 explotaciones diarias, lo que quiere decir que se está produciendo una grave aceleración en la desaparición de activos agrarios en los últimos años. Para UPA este es el reto más importante que debe acometer el nuevo gobierno en esta legislatura, ya que resulta absolutamente prioritario romper la tendencia marcada en la disminución brutal de la población activa agraria.
Menos ayudas de la PAC
Otro factor que incide de forma constante en la renta agraria de los agricultores y ganaderos son las penalizaciones en las ayudas directas que se reciben de la Política Agraria Común, por sobrepasar las cuotas de producción asignadas a cada país en las distintas reformas de las OCMs (organizaciones comunes de mercado). Según las estimaciones de UPA, el sector agrario español ha dejado de ingresar por este concepto durante 2004, más de 1.300 millones de euros. Por sectores de producción, destaca como es habitual el aceite de oliva con casi 1.000 millones de euros, seguido del trigo duro con 110 millones, la prima especial para el vacuno macho con 108 millones, la prima de sacrificio para vacuno con 39 millones, el algodón con 36 millones, el maíz con 31 millones y el arroz con 18 millones de euros.
Aplicación de la PAC y crisis de precios del gasóleo
En el análisis del año no puede faltar la referencia a los elementos más sobresalientes de carácter político-sindical, como la toma de postura en las opciones nacionales de desarrollo de la reforma intermedia de la PAC y la crisis de precios del gasóleo.
La decisión del modelo de aplicación de la PAC, no supone ninguna buena noticia para el campo español; dado que es la culminación de una mala negociación en la que se asumió un modelo muy perjudicial para España. UPA siempre ha defendido que los niveles de desacoplamiento de los distintos sectores iba a ser una decisión política y no profesional; el desarrollo de la sectorial agraria con las Comunidades Autónomas y lo ocurrido en los últimos meses con los distintos cambios de opinión han venido a dar la razón a la organización.
El modelo de aplicación de la PAC elegido por el Ministerio de Agricultura apuesta por el máximo acoplamiento en todos los sectores y lo plantea como solución a la pérdida de recursos y a la competencia desleal que tendrán tierras con ayuda frente a otras que no la tendrán.
UPA siempre ha dicho que lo más perjudicial de esta reforma vendría si no se anulaba la posibilidad de traslación de cultivos hacia zonas con ayuda frente a otras que no la tienen y no se ha tenido en cuenta la opinión de la organización.
Respecto a la crisis de los precios del gasóleo, UPA firmó con el Ministerio de Agricultura un acuerdo que beneficia a la mayoría de los agricultores y ganaderos, y sirve para paliar en gran medida las pérdidas ocasionadas al sector por la escalada de precios del gasoleo. El acuerdo contempla ayudas a los agricultores y ganaderos por un importe de más de 170 millones de euros y sirve para paliar en gran medida las pérdidas ocasionadas al sector agrario por la escalada de precios del gasóleo. UPA considera que este acuerdo consolida y mejora el firmado en el año 2000, ya que mantiene las medidas que se recogían en el anterior e incorpora aspectos nuevos muy positivos como una ayuda directa de 6 céntimos de euro por litro y degravaciones por los fertilizantes y plásticos.
Un nuevo Gobierno y una nueva política
En el análisis del año es preciso considerar los elementos relacionados con el programa electoral y las prioridades que los diferentes Ministerios establecieron en la toma de posesión del nuevo Gobierno tras las elecciones del 14 de marzo. En este sentido, y con respecto al Ministerio de Agricultura, es preciso destacar en el aspecto negativo la no aprobación en el presente año de la supresión del certificado veterinario y la modificación de la Ley de Arrendamientos Rústicos aprobada por el anterior ejecutivo que perjudica seriamente a los intereses de la agricultura familiar.
Entre las actuaciones positivas es preciso destacar:
· El inicio de los trabajos para la elaboración del Plan Estratégico del Sector Vitivinícola para definir el futuro del sector a medio y largo plazo.
· La aprobación de un presupuesto específico para la puesta en marchar de un plan renove de tractores, donde se favorece a los jóvenes, explotaciones prioritarias y zonas desfavorecidas.
· El cambio de filosofía respecto al anterior gobierno plasmada en la introducción de criterios progresistas en decisiones importantes de política agraria nacional, tales como: acuerdo con el sector sobre medidas a aplicar en el sector de frutos secos (donde se establece un incremento de ayudas a favor de los agricultores profesionales); acuerdo sobre la aplicación de la reforma en el aceite de oliva (se prioriza a favor de las explotaciones que dependen más del olivar y que más necesitan de las ayudas para seguir con la actividad); la nueva orientación de la prima al ternero macho (quedan exentas de penalizaciones los 20 primeros animales de las explotaciones de vacas nodrizas que ceben).
En lo que se refiere al Ministerio de Medio Ambiente, éste tomó la decisión de anular el trasvase del Ebro en el seno del Plan Hidrológico Nacional (PHN) a través de un Real Decreto Ley de modificación de la Ley 10/2001 del PHN. El trasvase del Ebro, elemento fundamental del PHN aprobado por el anterior Gobierno, fue muy cuestionado por la falta de rigor en sus estudios socioeconómicos y ambientales, y con serias dificultades de financiación por parte de los fondos europeos ante las dudas planteadas por la Comisión Europea. Las medidas alternativas aprobadas se basan fundamentalmente en la construcción de desaladoras y en actuaciones de mejora de la gestión y calidad del agua.
Desde UPA se criticó el PHN a causa de la ausencia de estudios sobre los efectos económicos en el precio final que tendrían que pagar los agricultores por el agua trasvasada desde el Ebro. Ante la nueva alternativa a dicho trasvase, UPA sigue exigiendo que el precio resultante por el uso del agua sea asequible de cara a los agricultores, así como que se garantice que se puedan cubrir los déficits existentes en las diferentes cuencas hidrográficas agilizando la ejecución de los proyectos.
UPA