Nota de UPA
Todos los indicadores económicos y sociales correspondientes a la legislatura 2000-2004 reflejan un fuerte retroceso de la actividad agraria en su conjunto y de la calidad de vida en el medio rural. Un deterioro que se ha visto impulsado por los efectos de la gestión del Gobierno del Partido Popular en política agraria, tanto a nivel nacional como en el seno de la Unión Europea.
Una realidad que contrasta con el manejo y la combinación de datos parciales, presentados el pasado viernes por el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Miguel Arias Cañete, que ha intentado dibujar un paisaje idílico, absolutamente alejado de la cruda realidad del sector, especialmente en el colectivo mayoritario de pequeñas y medianas explotaciones.
Lo cierto es que durante los gobiernos del PP se ha destruido empleo y recortado drásticamente el número de explotaciones. Hace ocho años había en el campo español 750.000 explotaciones agrícolas y ganaderas -en su inmensa mayoría de carácter familiar- y hoy son 550.000. Además, aún siendo menos, también se genera menos renta unitaria y total. Y no es porque se haya perdido capacidad de producir. El problema es que los productores cobran menos por sus productos, la rentabilidad de su esfuerzo es menor y las ayudas que reciben, a pesar de la propaganda oficial sobre el volumen total de los fondos que llegan de la UE, están mal repartidas y no cumplen su verdadera función.
La aportación de la actividad agraria al Producto Interior Bruto (PIB) ha bajado 1,5 puntos desde que gobierna el Partido Popular, con una pérdida de riqueza en la economía productiva que contrasta con el apoyo oficial a la economía especulativa.
Durante la presente legislatura se vió tambien de forma clara la falta de voluntad política para acabar con los abusivos márgenes comerciales constatados en alimentos frescos; se ha preferido culpabilizar al sector agrario de la no contención del IPC antes que actuar en el verdadero «foco del problema» y analizar los márgenes que se constatan a lo largo de la cadena alimentaria.
En cuanto a la evolución del empleo, la pérdida de explotaciones y activos contrasta también con el escaso apoyo a la incorporación de jóvenes a la actividad agraria, a razón de unos 4.000/5.000 anuales, mientras que la pérdida de activos se sitúa entre los 50.000 y 70.000 al año.
Una realidad preocupante que no se ha visto acompañada de la necesaria voluntad y decisión política para afrontar los problemas y aportar soluciones. Más bien al contrario, todas las iniciativas, legislativas y de gestión, del Gobierno del Partido Popular han frenado la modernización de las estructuras productivas, tienden a favorecer al modelo de agricultura empresarial frente a la mayoría social de explotaciones familiares, y están generando un alejamiento del conjunto de la sociedad respecto a la delicada situación de los hombres y mujeres que trabajan y viven en el campo.
Un dato significativo es que España se ha convertido en los últimos años en el país más protransgénico de Europa, siendo incluso sancionada por los Tribunales europeos por su afán permisivo. En contraste con esto, se constata la falta de apoyo a las medidas agroambientales que han disminuido su cuantía por falta de presupuesto y el abandono de la política de apoyo a las zonas desfavorecidas.
Uno de los indicadores más relevantes del balance de UPA sobre la legislatura es, en tal sentido, el descenso progresivo de los presupuestos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que entre 2001 y 2004 ha descendido un 11% a precios constantes. La conclusión es evidente: sin recursos no es posible llevar a cabo una verdadera política agraria.
Dentro del ámbito europeo, en el balance de la legislatura destaca la reforma de la PAC aprobada en junio de 2003, con el apoyo del Gobierno español, a pesar de que supone un cambio histórico muy perjudicial para la mayoría social del sector agrario en España, con una actitud contradictoria frente al rechazo inicial a las propuestas de la Comisión Europea.
Y en cuanto a las iniciativas legislativas y de gestión, el balance incluye igualmente dos serias amenazas para la agricultura familiar: la reciente nueva Ley de Arrendamientos Rústicos y los proyectos de cambio en la Seguridad Social Agraria
UPA