Nota de UPA
La entrada en vigor de las modificaciones del Código Penal convierte a los agricultores que utilicen semillas sin pagar los derechos intelectuales de las mismas en peligrosos criminales, con penas de cárcel que van de los seis meses a los dos años. Esta “protección” a los derechos de la industria obtentora de semillas ha sido promovida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que, una vez más, prefiere proteger a un reducido grupo de poderosos antes que defender al colectivo mayoritario de la agricultura española.
Además, y usando ya el habitual oscurantismo que caracteriza al gobierno del Partido Popular, esta modificación se ha realizado a espaldas del sector agrario, que al fin y al cabo es el que va a soportar esa presión, ahora de tipo penal.
Esta modificación establece penas de cárcel de seis meses a dos años para aquellos agricultores que “ …con fines agrarios o comerciales, sin consentimiento del titular de un título de obtención vegetal y con conocimiento de su registro produzca o reproduzca, acondicione con vistas a la producción o reproducción, ofrezca en venta, venda o comercialice de otra forma, exporte o importa, o posea para cualquiera de los fines mencionados, material vegetal de reproducción o multiplicación de una variedad vegetal conforme a la legislación sobre protección de obtenciones vegetales.”
UPA rechaza esta tremenda criminalización de los agricultores, que atiende a intereses de las empresas productoras de semillas. Con esta nueva decisión el MAPA continua con su política de apoyo a estas empresas como ya se pudo comprobar, con el aumento injustificado de las dosis de semilla necesarias para cobrar el suplemento para el trigo duro, la ayuda al girasol y su incomprensible posición sobre el desacoplamiento en el sector de las semillas. De nuevo se preserva el interés particular sobre el general auspiciado otra vez por la Administración Pública.
Con la modificación de la Ley Orgánica, se establecen penas a los agricultores de hasta dos años, mientras que a aquellos que “… por cualquier medio directo, vendiere, difundiere o exhibiere material pornográfico entre menores de edad o incapaces, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses”.
Durante estos últimos años el sector agrario español está sufriendo una fuerte reestructuración, pero sin duda medidas de endurecimiento de penas de este tipo suponen un claro freno al desarrollo de la actividad y una pérdida de legitimidad frente a la sociedad.
Una vez más queda patente el apoyo incondicional de la administración a las multinacionales, incluso preparando el camino para el fomento de semillas transgénicas, ignorando a los agricultores y olvidando su imprescindible labor de mantenimiento y conservación del tejido rural y como productores de materias primas esenciales.
UPA