Un estudio elaborado por la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) calcula que el sector agrario español volverá a padecer un año más una campaña de fuertes penalizaciones en las ayudas que recibe de la Política Agraria Común, como consecuencia de la superación de los techos de producción establecidos por la Unión Europea. Según los datos de UPA el recorte de los ingresos alcanzará en 2002 los 1.412 millones de euros. Para UPA resulta significativo que Francia, el país que más ayudas recibe de las arcas comunitarias, las penalizaciones han sido mínimas en comparación con España, segundo país perceptor, ya que dispone de cuotas de producción suficientes gracias a las excelentes negociaciones llevadas a cabo por los gobiernos franceses en los último años en defensa de sus agricultores y ganaderos.
UPA denunció tras el reciente acuerdo franco-alemán sobre los presupuestos de la PAC y la ampliación de la UE, la frivolidad, el desconocimiento del sector agrario español y la omisión en defender su intereses del presidente del Gobierno, José María Aznar, cuando afirmó que «lo que era bueno para Francia en materia agraria era bueno para España». Nada más lejos de la realidad, ya que la renta agraria en Francia es el doble de la de España, la productividad llega a ser cuatro veces superior, según las zonas y además los franceses no padecen penalizaciones por sus producciones y controlan las grandes cadenas de distribución comercial que distribuyen sus producciones a países como España. Para UPA resulta evidente que los intereses de Francia son buenos para los agricultores franceses pero tremendamente perjudiciales para los agricultores españoles.
Según el análisis de UPA, España tiene un déficit estructural de cuotas de producción en los distintos sectores del 24%, lo que se traduce en el cobro de unas ayudas de casi 6.000 millones de euros frente a los 7.400 millones de euros que se deberían recibir si no existieran los techos fijados para España y establecidos por la PAC en la distribución de unos presupuestos comunitarios que están congelados por el acuerdo de los Jefes de Estado y de Gobierno en las Cumbres de la UE. Esta situación que se repite con mayor o menor intensidad a lo largo de los últimos años representa una fuerte disminución en las rentas de los pequeños y medianos agricultores y ganaderos españoles y tiene consecuencias gravísimas en la viabilidad económica de miles de explotaciones familiares y en una reducción de su capacidad para competir en mercados cada vez más abiertos.
El estudio pormenorizado de UPA de los distintos sectores productivos señala al aceite de oliva como el sector donde se han producido las mayores penalizaciones, ya que los olivareros españoles disponen de una cuota de 760.027 toneladas, aprobada con el apoyo entusiasta de la ex-ministra de agricultura, Loyola de Palacio, frente a una producción sujeta a ayuda de 1.575.000 toneladas. Esta situación significa que en esta última campaña los olivareros españoles sufrirán un recorte en las ayudas del 51,8%, pasando de 1,34 euros por kilo a solamente 0,63 euros. La reducción de ingresos por la penalización será de 1.078 millones de euros.
En el sector del vacuno de carne, España padece un déficit histórico de cuotas que se traduce en un recorte total en las ayudas de 148 millones de euros. En maíz, la penalización alcanza el 12% y más de 24 millones de euros, debido a que la superficie asignada a España es de 403.000 hectáreas y se han cultivado 433.000 hectáreas. En el cultivo del arroz, frente a una cuota de 104.973 hectáreas, se han sembrado 111.611 hectáreas, lo que significa una penalización de casi el 38%, equivalente a más de 14 millones de euros. En trigo duro, la cuota asignada alcanza las 594.000 hectáreas, frente a una superficie de cultivo de 923.000 hectáreas, lo que supone una penalización media del 35% y una reducción de ayudas de 108 millones de euros.
El estudio de UPA destaca que por primera vez habrá un recorte en las superficies de regadío al superarse la cuota de 1.371.000 hectáreas, un 0,1%. Eso supone una penalización de 308.000 euros. Los productores de algodón tendrán una penalización del 8,23% con una rebaja del precio mínimo a percibir que alcanzará los 25,4 millones de euros por una cosecha de 290.000 toneladas, frente a una cuota asignada de 249.000 toneladas. Por último los productores de leguminosas grano tendrán una penalización de 10,5 millones de euros, un 18% sobre la ayuda base, al haber cultivado 323.000 hectáreas frente a las 240.000 asignadas por la Unión Europea.
UPA