Artículo de opinión de UPA
La organización UPA está estudiando la denuncia que podría llegar a presentar en próximos días ante el Tribunal de Defensa de la Competencia por la práctica «bajo nuestro punto de vista (el de UPA) monopolística y especuladora de las industrias en torno a los precios que operan en el mercado nacional del girasol, ya que podría estar vulnerando la libre competencia».
Días atrás hemos denunciado la situación que sufre el sector productor de pipa de girasol en nuestro país, que está sufriendo una crisis de precios que no se justifica actualmente en el mercado interior y que no tiene visos de mejorar en próximos días. En UPA consideramos que esta situación se debe a que presuntamente podríamos estar sufriendo un acuerdo o pacto entre todas las extractoras nacionales que habrían marcado unos precios y reparto de clientes para tener controlado el mercado.
Además seguimos insistiendo en que está habiendo importaciones masivas de países como Rusia, Ucrania y Argentina en unas fechas en las que se está cosechando la pipa nacional con el fin de que los operadores negocien con los cultivadores a la baja unos precios que pueden causar enormes pérdidas a miles de productores españoles.
Por otro lado desde UPA volvemos a recordar a las autoridades políticas españolas, concretamente al Ministerio de Agricultura, que vigile con extrema cautela la llegada a los puertos españoles de pipa de girasol, porque estas importaciones podrían estar incumpliendo las cantidades de alfabenzopireno que marcan las autoridades sanitarias.
Estas sospechas vienen dadas por la falta de transparencia e información completa en el etiquetado de las botellas de aceite de girasol que se pueden comprar en cualquier establecimiento comercial. En las mismas no se especifica, entre otros, si la materia prima es de procedencia nacional o de importación, y esto supone una indefensión hacia los consumidores que ven dañados uno de sus derechos primordiales.
En UPA nos tememos que estas prácticas interesadas a nivel de la industria respondan a intereses muy particulares que desde luego no benefician al sector productor, que podrían ser ilegales, y que incluso generan dudas en cuanto a las garantías del producto importado.
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